Gustavo Adrianzén pide que “caso Rolex” sea archivado tras declaraciones de Dina Boluarte
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha exigido que las investigaciones relacionadas con el caso «Rolex» sean archivadas, argumentando que las explicaciones proporcionadas por la presidenta Dina Boluarte descartan cualquier presunta comisión de enriquecimiento ilícito. Adrianzén destacó que la colaboración de la presidenta con las autoridades debe permitir que el Ministerio Público actúe sin interferencias.
«Lo que corresponde ahora es que el trámite en la fiscalía continúe (…) Está absolutamente descartado el enriquecimiento ilícito (…) A partir de ello me parece que ya la hipótesis de la Fiscalía se desvanece y que en mérito a la declaración, debería ya archivarse el proceso».
Expresó Adrianzén.
El premier subrayó que las amplias declaraciones de Boluarte a la Fiscalía deberían poner fin al «ruido político» generado por este caso y permitir que las investigaciones continúen sin interrupciones.
Investigaciones continuarán
Como se sabe, Dina Boluarte ha afirmado que el reloj Rolex fue un préstamo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien considera un amigo cercano debido al apoyo brindado durante las protestas del 2022 y 2023. Esta declaración busca justificar el origen de los objetos en cuestión, señalando que no fueron adquiridos con fondos propios, sino que fueron obtenidos a través de relaciones personales.
Por su parte, la declaración de la presidenta es unilateral y deja en manos de la fiscalía la responsabilidad de corroborar si efectivamente las joyas eran prestadas y de bisutería fina.
No obstante no se aclaró los diversos cuestionamientos a la presidenta como la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS revela movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de Boluarte. Incluyendo depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen no ha sido justificado.
El informe detalla que Boluarte recibió depósitos en efectivo por un total de S/1.1 millones. Así como transferencias bancarias por S/274,848, entre 2016 y 2022, sin una justificación clara.
