Congresistas de diferentes bancadas presentaron de manera oficial tres mociones de censura contra los ministros Rómulo Mucho (Energía y Minas) y Leslie Urteaga (Cultura), quienes podrían ser destituidos de su cargo en el Ejecutivo si estas son aprobadas en una próxima sesión del Pleno. Esto luego de que cada uno fuese interpelado.

En el caso del ministro Mucho, los parlamentarios Jaime Quito (No agrupado) y Margot Palacios (Perú Libre) presentaron dos mociones diferentes de censura en su contra, aunque ambas son motivadas por los mismos hechos: los procesos judiciales del actual ministro de Energía y Minas, además de su “incapacidad para conducir” el sector.

Esto no sería todo, sino que a estos problemas judiciales se suma un conflicto de interés relacionado con el proyecto minero Tía María. Una investigación realizada por el semanario Hildebrandt en sus trece indica que la empresa Pevoex Contratistas S.A.C. -cuyo fundador y gerente es el ministro Mucho- presta servicios a mineras. Una de ellas es Southern Perú, compañía involucrada en el proyecto extractivo.

Además, según consta en su perfil público de LinkedIn, Mucho continúa en el cargo de gerente de Peovex, por lo que no tendría la capacidad de conducir la cartera de Energía y Minas de forma imparcial. La viabilidad del proyecto ‘Tía María’ involucra a su cliente y, por lo tanto, sí existiría un conflicto de interés.

Otro de los motivos, según los documentos presentados en el Congreso, vinculan al ministro Mucho con un presunto caso de tráfico de influencias, pues durante su gestión, el titular del Minem habría interferido en la contratación de una supuesta amiga suya, Rosa Sánchez Arenas, con órdenes de servicio por 40 mil soles pese a no registrar estudios superiores en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

En el caso de la ministra Urteaga, el congresista que presentó la moción de censura en su contra es Guido Bellido (Perú Bicentenario). Él considera como motivo de esta decisión la falta de transparencia en lo que respecta a la contratación de la plataforma Joinnus para la venta virtual de las entradas al Santuario de Machu Picchu.

Además, el documento presentado en el Congreso incluye una referencia a las protestas que se produjeron en el año 2023 cuando los ciudadanos de la zona se manifestaron en contra del cambio del proceso de venta de las entradas. Bellido también acusa a Urteaga de “mentir”.