Por Jorge Turpo Rivas

La Contraloría General de la República halló irregularidades en la adjudicación de la obra de ampliación del servicio de agua potable para los distritos de Socabaya, Sabandía y Characato. La obra está programada para concluir en diciembre del 2025, pero registra múltiples problemas en su avance.

CONTRALORÍA SOSTIENE QUE CONSORCIO NO ACREDITÓ EXPERIENCIA

Actuaciones parcializadas de un grupo de funcionarios, beneficio a un postor sin experiencia y afectación a la administración pública son algunas de las irregularidades que la Contraloría General de la República detectó en la obra de ampliación del servicio de agua potable para los distritos de Socabaya, Sabandía y Characato.

Según el Informe de Control Específico N°016, al que El Pueblo tuvo acceso, se determina que un grupo de servidores de la empresa realizaron actuaciones parcializadas durante el proceso de selección en beneficio de un postor, lo que conllevó a que este firmara el contrato por 71 millones 732 mil soles.

Ese contrato se suscribió pese a que el consorcio elegido no contaba con experiencia ni las capacidades requeridas para ejecutar la obra, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública.

El informe concluye disponiendo que el procurador público Especializado en Delitos de Corrupción inicie acciones penales contra los funcionarios comprendidos en las irregularidades halladas por el órgano de control.

El proceso de licitación se convocó a inicios del año pasado. El monto referencial fue de 79 millones de soles. Se registraron seis postores y resultó ganador el Consorcio Constructor Arequipa, integrado por las empresas: Sicma SAC y Reinmann Contratista y Consultores SAC.

La buena pro se adjudicó en mayo del año pasado y se firmó el contrato por un monto de 71 millones 732 mil soles.

HALLAZGOS

Según la Contraloría, los miembros del Comité de Selección admitieron, evaluaron y calificaron la oferta del postor que fue presentada por un representante común del consorcio designado por el gerente de proyectos que no contaba con las facultades para ello.

Agrega que el comité acreditó la experiencia del postor cuando según la revisión de la documentación no contaba con la experiencia y capacidades requeridas para ejecutar la obra.

También establece que la buena pro fue otorgada cuando su oferta tuvo que ser descalificada al no cumplir con lo establecido en las bases integradas.

Los postores que no ganaron el proceso advirtieron esta situación y presentaron documentos a Sedapar comunicando las presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra al Consorcio Constructor Arequipa.

“Los miembros del comité consideraron que no era necesario que el postor presente el anexo de su experiencia y concluyeron que no existía fundamento para que se declare la nulidad, convalidando con ello su actuar irregular y parcializado durante el otorgamiento de la buena pro”, dice el documento de Contraloría.

RESPONSABLES

El órgano de control halló responsabilidad en cinco funcionarios de Sedapar. En principio menciona a los integrantes del comité de selección presidido por Henry Bellido Morales, actual gerente de Ingeniería de la empresa.

También se incluye a Luis Jaime Añazco Barreda, quien laboraba en el área de Logística y fue clave en la adjudicación de obras el año pasado. Hace poco fue promovido por el gerente de la empresa, Carlos Monje, al cargo de jefe del Departamento de Personal.

Orlando Américo Ruelas Coaguila, también es incluido en el informe de control. Laboraba en la gerencia de Ingeniería como supervisor de obras.

Además de los integrantes del comité, la Contraloría halló responsabilidad en dos funcionarias de la empresa. Se trata de Rocío Manrique Zegarra, abogada de Asuntos Administrativos y Laborales, y Yanet Felia Montoya Vera, gerenta de Asesoría Legal, quien tiene injerencia en varios asuntos de la empresa y algunos trabajadores la consideran “el cerebro” de Sedapar.

El informe de la Contraloría establece dos recomendaciones, una dirigida al presidente del directorio, Armando Llaza Loayza. Se le indica que realice las acciones para deslindar responsabilidad de los funcionarios comprometidos en el hecho observado.

Y la otra recomendación está dirigida al procurador público Especializado en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales contra los servidores comprendidos en el hecho de la irregularidad del Informe de Control Específico.

PERJUICIO

Mientras el órgano de control realizó el hallazgo de todas las presuntas irregularidades, la obra de saneamiento que buscaba beneficiar a los pobladores de Socabaya, Sabandía y Characato, tiene innumerables problemas en su ejecución.

El plazo de ejecución fue fijado en 900 días calendario; es decir, debía concluir en diciembre del 2025, pero se extenderá varios meses más y terminará costando más de 71 millones de soles.

Otro informe de la Contraloría, de febrero de este año, revela el hallazgo de once irregularidades en el desarrollo de la obra. Entre las deficiencias encontradas destacan:

Ejecución de partidas que no están acorde al programa de ejecución de la obra y al calendario de avance valorizado, lo que podría generar retrasos en el cumplimiento del plazo de ejecución contractual.

El avance de obra en calendario valorizado no concuerda con lo establecido en el calendario acelerado. Los trabajos de demolición de la estructura de concreto de las zapatas de la cámara de válvulas del Reservorio R-33A, podrían afectar la durabilidad de las estructuras ya ejecutadas y su vida útil prevista.

También se detectó que el personal de inspección no tiene la experiencia requerida, además que la inspectora está ausente y su designación es contraria a la norma. Además, faltan anotaciones y hay inconsistencias en el cuaderno de obra.