Por Erika Romero Díaz

El abogado y extribuno, Óscar Urviola Hani sostiene que para que haya un Legislativo de calidad el Estado peruano tiene que invertir en Educación. En tanto, sobre el choque de fuerzas entre los poderes del Estado dijo que no debe sorprendernos porque ocurre en otras democracias, lo bueno es que la democracia peruana tiene los organismos y mecanismos para volver al orden constitucional.

EN ELECCIONES DEL 2026

La Constitución del 93 permite al Parlamento ejercer el control político, levantar el fuero, sancionar, inhabilitar y suspender a todos los funcionarios del Estado, desde la presidenta de la República hasta el de más bajo nivel en la administración pública. El abogado constitucionalista y exmiembro del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola Hani nos explica qué es un funcionario aforado. También se refiere al proyecto de ley del Congreso que propone incluir dentro del juicio político congresal a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).  

¿Qué significa ser un funcionario aforado?

-No es como lo interpretan algunos medios, periodistas o también los mismos miembros del JNE, el Reniec y Onpe. El ser aforado no es un perjuicio, por el contrario, es un beneficio. Lo que pretende el Congreso es que a estos funcionarios también se les considere como aforados para que ante cualquier delito que cometan en el ejercicio de sus funciones previamente se les tiene que levantar el fuero. Esa es una protección para que cumplan a cabalidad sus funciones. Han mal interpretado la iniciativa que está en el Congreso. El ser aforado significa que no pueden ser llevados ante el Poder Judicial (PJ) por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones, por los delitos comunes sí, pero no por uno en ejercicio de sus funciones. No es una sanción, es una protección hasta después de 5 años de haber cumplido el mandato.

Se escuchan opiniones contrarias a este proyecto de ley y dicen que ya el Congreso quiere sancionarlos, pero no es así porque se los está incluyendo como aforados.

Hoy en día si el miembro del JNE comete una infracción constitucional como cualquier funcionario de la administración pública de cualquier nivel puede ser destituido o suspendido por el Congreso porque esa es una facultad de control político de la que no se libra nadie.

Máxime cuando el JNE es la última autoridad en materia electoral podríamos decir que su nivel de autoridad está casi equiparado en materia electoral a las funciones que cumple el Tribunal Constitucional respecto a toda la Constitución.

Los cuestionamientos son sobre quien detenta este control.

– Es cierto un Congreso unicameral como el que tenemos, con la conformación que este Congreso tiene, es cierto que el ejercicio de esta función de fiscalización podría ser, en algunos casos, autoritaria o desproporcionada porque ese es uno de los defectos del sistema unicameral. Yo creo que en un sistema bicameral ese riesgo de error o de exceso en el cumplimiento de la función fiscalizadora se va a diluir, podría hasta desaparecer cuando sean 2 cámaras; la de diputados investiga y los senadores levantan el fuero o aplican la sanción. Entonces ya ahí sería remota la posibilidad de que se cometa alguna injusticia como ha ocurrido en el Congreso unicameral.

Lo que actualmente está ocurriendo con la JNJ, da la impresión que el Congreso pretende controlar la designación de jueces y fiscales por si acaso en algún momento lleguen a tener alguna investigación de índole penal, por ejemplo. 

-No creo. Creo que el Congreso de la República cuando ha ejercido la función de fiscalización y ha aplicado estas sanciones a 2 miembros de la JNJ han ejercitado una potestad, que le reconoce la Constitución, con un criterio político probablemente, porque esa es la función del Congreso. Claro esa decisión debe respetar el debido proceso, pero es una decisión política no es un tribunal ordinario. Siempre en las decisiones del Congreso vamos a tener que aceptar que hay un ingrediente político. Pero las consecuencias de esa decisión no pueden ser interferidas por una acción de otro poder del Estado. Como lo que ha sucedido cuando estos señores de la JNJ han acudido en vía de amparo ante el Poder Judicial (PJ) y este ha dejado sin efecto la medida y los ha repuesto en sus funciones. Esa es una interferencia, que ya el TC ha calificado de inconstitucional cuando dijo que las funciones propias del Congreso de la República no pueden ser interferidas por otro poder del Estado y eso tiene carácter de jurisprudencia vinculante.  

Aquí hay 2 vías. La Sala Suprema ante la cual se ha apelado la resolución puede anular la decisión de la Sala Constitucional Superior que ordenó la suspensión de la medida adoptada por el Congreso o en la acción competencial ante el TC, podría ocurrir lo que ya sucedió cuando el TC declaró nulas 3 sentencias del PJ porque consideraban que se interferían las funciones del Congreso.

Esos son excesos que felizmente en nuestro ordenamiento constitucional tienen una forma de solucionarse. Será el TC, en última instancia, el que decidirá si lo que ha hecho el Congreso de la República o el PJ es correcto o no. Lo importante en toda democracia es que funcionen adecuadamente los órganos de control para ratificar o rectificar los actos que se cumplen en la vida política del país.

¿Es normal que haya estos choques de poderes? ¿Ocurre en otras naciones europeas?

Es normal, lo anormal sería que, aparentemente, todo funcione en calma. Es propio de las democracias. Lo importante, quiero destacar eso, es que es necesario que existan instituciones y mecanismos procesales para revertir estos actos hacia el cauce constitucional. No nos debe extrañar. Eso ocurre no solo en América, pasa en Europa en España con mucha frecuencia. Usted va a ver que hay confrontaciones. Lo importante es que estas no permanezcan como una crisis constante y que no se solucionen.

¿Qué probabilidades hay que en el TC se decida en base a la norma, apegado a lo que la ley señala y no bajo criterios políticos? No en todas las resoluciones se ha decidido en base a lo que señala la Constitución.

Efectivamente el TC, no solamente el de ahora, todos los tribunales están compuestos por personas que como toda creación humana está expuesta al error. En muchas oportunidades el error puede ser garrafal. Lo ideal es que esos errores no sean tan frecuentes ni gravosos que alteren de manera descarada el ordenamiento jurídico.

Como exmiembro del TC he constatado que a veces el tribunal se pronuncia con un criterio político. Sin ir muy lejos hace poco, el TC ha declarado infundada una demanda que interpuso un colegio de economistas respecto de la ley que fija topes a las tasas de interés, que se dijo en su oportunidad era inconstitucional porque afecta la economía de mercado y que iba a tener consecuencias gravísimas en la sociedad porque iba afectar a los sectores que son los informales y los que no tiene acceso al sistema financiero y los ha expuesto a un sistema de gota a gota. Felizmente en el Congreso hay 4 proyectos para derogar esa ley. Sin embargo, el TC, hace una semana, ha declarado esa ley que fija topes, constitucional. Es un error garrafal del TC. Tenemos que hacer votos para que el TC cumpla ese rol encomendado de manera acertada y siempre teniendo en cuenta el espíritu de lo que quiere la Constitución para con nuestra sociedad.

En la democracia peruana, como señala, se tiene los organismos y mecanismos para resolver los choques de poderes como el del Congreso y el PJ, pero resulta que se demoran mucho para resolverlos. No salimos de una crisis y entramos a otra afectándose a la economía.

Efectivamente hay crisis y esa se debe a muchos factores, unos vinculados al tema de la educación, al tema económico, político a la forma como están estructuradas nuestras instituciones. Tenemos una serie de carencias en lo político que repercuten en lo administrativo y que a su vez surten efectos nocivos en los servicios públicos básicos; como en la administración de justicia, no tenemos el número de juzgados constitucionales incluso civiles en el orden familiar para poder atender una carga que cada vez es mayor y los procesos duran 2 hasta 5 años. La justicia que tarda no es justicia. Lo mismo podemos hablar de salud y seguridad que ni con la participación de las Fuerzas Armadas podemos contrarrestar lo que ocurre en las calles. Pero creo que esto a su vez se agrava cuando en el orden político tenemos cambios de gobierno como consecuencia de las malas decisiones del pueblo peruano y una organización electoral que permite que grupos políticos, sin una ideología, ni estructura sólida y respetable puedan garantizar que la oferta de candidatos al Congreso, a los gobiernos regionales y locales sea de calidad. Por eso tenemos, lamentablemente, el Congreso que tenemos. Todo es parte de una crisis generalizada, La bicameralidad es una medida, aunque es impopular, necesaria porque un Congreso unicameral concentra mucho poder y cuando lo ejerce sin razonabilidad y proporcionalidad, aun ejerciendo sus propias funciones, podría cometer injusticias.

Eso ocurre ahora.

Sí. Con la bicameralidad habrá tiempo de reflexión y podrá intervenir lo que yo llamo la tercera cámara que son los ciudadanos, los periodistas. Un ejemplo fue la ley de estatización, de años atrás, que en la Cámara de diputados se aprobó, pero en la ventana de tiempo para la reflexión, la opinión pública supo de la propuesta, dieron sus pareceres y se terminó por rechazarla porque afectaba el derecho a la propiedad. Esto no ocurre con el Congreso unicameral porque en su reglamento dice que están obligados a aprobar una ley con 2 debates. Pero qué pasa, aprobado un proyecto de ley en primera votación, inmediatamente, en el mismo acto piden dispensa del segundo debate. El doble debate ahora es la excepción y la excepción es la regla. El mundo al revés.

Para que la bicameralidad funcione va a depender mucho de la calidad de diputados y senadores, pero este Congreso ha abierto una posibilidad para la reelección.

Ahí pues han colocado una puerta de escape. La ley que aprueba el retorno a la bicameralidad (Ley 31988) dice para ser senador se debe tener 45 años o haber sido congresista o diputado. Bajo esa disposición un actual congresista, por ejemplo, la Srta. Sigrid Bazán que no creo que tenga más de 35 años como ha sido congresista puede postular al senado. ¿Será correcto eso? Me parece que no, porque lo que se quiere en esencia es que quienes vayan al senado sean personas de más de 45 años que es una edad en que la persona se convierte en más reflexiva.

Ahí le han sacado la vuelta a la ley para permitir la reelección. Ahora en cuanto a la calidad de senadores o diputados exigir un grado académico es discriminatorio. Además, nuestro sistema educativo no ha garantizado que una maestría o doctorado sea prueba de capacidad porque proliferaron universidades, hoy cerradas por SUNEDU. El tema es que el Perú tiene que invertir mucho en educación para que el obrero que hace la labor más básica en la sociedad sea una persona que tenga un nivel educativo adecuado y pueda ir al Congreso. El Congreso no es un ágora de sabios, es un sistema de representación de la sociedad y este debe ser el espejo de lo que es la sociedad y que ojalá sea una sociedad homogénea.

En todo caso, todos los sectores de la población las minorías, trabajadores deben estar representados en el Congreso y quienes sean sus voceros deben estar capacitados a través de un sistema educativo que no discrimine. Seguramente usted y yo no veamos los resultados de una inversión en educación para tener congresistas de ese nivel.

Los partidos políticos van a ser determinantes también en el siguiente Congreso.

Así es son los responsables y, lamentablemente, pasan por una crisis que no se ha solucionado y dudo mucho, teniendo en cuenta que el escenario electoral ya se aproxima, que se pueda cambiar la situación de una proliferación de partidos políticos que no sabemos a quién representan, qué ideologías tienen y que me parece son cerca de 30. Con esa atomización no creo que se pueda brindar una oferta de candidatos que garantice que el nuevo Congreso, conformado por diputados y senadores, pueda mejorar en calidad al Congreso unicameral. Habrá que hacer el esfuerzo para modificar el tema de los partidos políticos, de las jurisdicciones electorales. En el futuro habrá que pensar en la elección en distritos uninominales para que pueda establecerse un nexo más próximo entre el elector y su representante que permita un nivel de responsabilidad más cercano e inmediato.