Por: Carlos Meneses

El coronel Colchado tiene los instrumentos que la ley le concede para defenderse de interpretaciones indebidas con respecto a su labor en apoyo del Ministerio Público.

En forma desfavorable ha considerado el país la situación del coronel Harvey Colchado, quien ha sido sometido a investigación por parte de la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP). DE otro lado, la fiscal encargada de la colaboración de la DIVIAC al Ministerio Público, también ha mostrado oposición a una intervención que significa que Colchado podría ser sancionado y separado de la misión de apoyo que a la Fiscalía hace la Policía.

El problema debe ser esclarecido de una manera tal que persista dicho entendimiento y colaboración, pues Colchado es un oficial de quehacer impecable, por lo menos hasta el presente.

Se trata en realidad de conseguir que los hechos materia de averiguación por el Ministerio Público estén al margen de la política y desde luego de una intervención indebida de la Inspectoría de la PNP.

En tal sentido, los excesos son recusables e indeseables en la lucha que contra el poder político debe realizar la Fiscalía para establecer verdades en asuntos que son de interés colectivo.

En todo caso, el tratamiento a la interna de la PNP debe ser claro y estar dentro de los márgenes que la ley señala para sancionar infracciones o para evitar comentarios como los que hacen, hoy, políticos y ciudadanos.

Hay vías que comprenden a la Inspectoría institucional y también al Poder Judicial para que se defiendan los derechos legítimos del coronel Colchado y se descarte toda posibilidad de influencia política en un tema que no lo merece.