Por: Mauricio Matos – Socio del Área Laboral de EY Perú

El sector agrícola viene sufriendo una retracción en materia laboral. Según el Banco Central de Reserva, en enero se produjo una disminución de 17.5% en el empleo formal privado, lo que se tradujo en la pérdida de cien mil puestos de trabajo en el agro. Un fenómeno que se presenta también en Arequipa.

¿A qué se debe? Básicamente, a los desafíos persistentes que enfrenta el agro, desde el impacto de la pandemia hasta el aumento en costos de insumos, sin olvidar los embates climáticos que afectan la producción. Según el Instituto Peruano de Economía, en 2023 se produjo una caída anual de 20%, lo que representa una contracción histórica. Ello trajo consigo la pérdida de empleos, exacerbando la situación laboral en un sector que depende de la estacionalidad y las campañas. Además, debe encarar las consecuencias de la informalidad, que expone a los trabajadores a condiciones precarias y, al mismo tiempo, dificulta la labor de las autoridades.

Para combatir esta problemática, es necesario un esfuerzo coordinado entre entidades gubernamentales, además de entender las diferencias entre la normativa laboral del sector agrícola y la de otros sectores. Si bien el agro se rige mayormente por la normativa laboral privada, la Ley 31110 estableció una regulación especial de incentivos. Esta otorgó beneficios a los trabajadores como remuneración diaria (equivalente a la suma de varios conceptos), bonificaciones y derechos en caso de despido.

El cumplimiento de estas disposiciones no es opcional. Las infracciones laborales conllevan multas considerables, desde montos elevados hasta pérdidas de beneficios económicos para los empleadores. Por ello, es imperativo que los empresarios agrícolas tomen en serio estas normativas y consideren las implicancias de incumplirlas, tanto desde el punto de vista legal como ético. Este año, por ejemplo, se debe tener en cuenta la Ley 31969, que impulsa la competitividad y el empleo mediante incentivos fiscales y beneficios para los empleadores.

En definitiva, el 2024 presenta desafíos y oportunidades para el sector agrícola. Los empresarios deben tener presente la normatividad vigente, cumplirla rigurosamente y trabajar en conjunto con autoridades y trabajadores para promover el desarrollo del sector.