Por: Carlos Meneses

Lo que ha ofrecido el gobierno a la demanda de los alcaldes es una licencia de 20 días para proponer soluciones el problema delincuencial.

Agobiada por los problemas nacionales que confronta y también por la presión de los alcaldes de Arequipa, la presidenta Boluarte ha encontrado una salida para el constante reclamo que le hacen los burgomaestres con respecto a la delincuencia que, aunque en menor grado que en otras ciudades del país, también se registra aquí y de lo cual se deriva la exigencia de una acción estatal que ha quedado reducida, como respuesta del gobierno, a 20 días de estudios para determinar las acciones necesarias.

No puede pensarse otra cosa ante la magnitud de dificultades del gobierno, la situación interna en la Policía Nacional y una posible intervención de la Fuerza Armada en esta parte de la República.  Indudablemente Adrianzén no tiene el vuelo de Alberto Otárola y por todo lugar se aprecia que frente a uno y otro hay una desventaja en contra del actual gabinete.

En la práctica los 20 días que ha solicitado el gobierno para plantear solución a los reclamos de Arequipa solo posibilitará el conocimiento y la propuesta policial para tratar el problema nuestro y lo que es más importante cómo ayudarán para tal propósito los mismos alcaldes que no tienen claro el objetivo que persiguen ni cuentan con el respaldo general a sus demandas.

Recuérdese que empresarios y promotores turísticos, así como el peso de la presión de desocupados y de pequeños empresarios que se soportan en la artesanía complican las cosas.       

El gobierno se va a tomar 3 semanas de tiempo para plantear soluciones, mientras en Lima hay un laberinto en los sectores gubernamentales que nadie apunta a señalar con precisión para tranquilidad de la jefa del Estado.