El director de una cárcel de Ecuador fue asesinado ayer domingo, cuando en el país se celebra a nivel nacional la jornada de votación del referéndum convocado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para sacar adelante reformas para impulsar la lucha contra el crimen organizado, atraer inversiones y crear empleo.

La víctima es Cosme Parrales, quien ejercía como director de la cárcel de El Rodeo, situada en la ciudad de Portoviejo, que pertenece a la costera provincia de Manabí, según confirmó en un comunicado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado.

De acuerdo a medios locales, Parrales, que había asumido el cargo de director de la prisión hacía cinco días, fue atacado a tiros por presuntos sicarios en una cevichería en la que se encontraba almorzando en la localidad de Jipijapa, cercana a Portoviejo.

Este es el tercer asesinato en cinco días de una autoridad en Ecuador, después de que se registraran el miércoles y el viernes los asesinatos de dos alcaldes de municipios del sur del país que tienen en sus territorio presencia de actividades minería ilegal.

El asesinato de Parrales rompió la tranquilidad de la jornada de votaciones, que hasta ese momento se desarrollaba sin mayores incidentes, más allá de los causados por las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en diferente partes del país, que impidieron que se abriesen al menos tres centros de votación. La gestión y seguridad de las cárceles son parte de las once preguntas del plebiscito convocado por Noboa para que los ecuatorianos se pronuncien sobre las líneas maestras a menos de un año de las nuevas elecciones generales, previstas para febrero de 2025.

Una de las preguntas plantea que sean las Fuerzas Armadas las que se hagan cargo de control de los accesos a las prisiones, epicentro de la crisis de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a ser uno de los países con más homicidios de Latinoamérica, con una tasa de 45 por cada 100 000 habitantes en 2023.

También propone que los militares apoyen a la Policía en sus operaciones contra el crimen organizado de forma permanente, sin necesidad de expedir estados de excepción, como el emitido por Noboa a inicios de año, con el que también declaró el «conflicto armado interno» contra las bandas criminales.