POR CASO DE RELOJES Y JOYAS

El Poder Judicial declaró «improcedente» la demanda de habeas corpus presentada en favor de la presidenta Dina Boluarte con la que se pretendía anular todo lo actuado en la diligencia de allanamiento que ejecutó la Fiscalía y personal policial de la Diviac en su vivienda ubicada, en el distrito limeño de Surquillo, el último 29 de marzo como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el caso de los relojes Rolex.

El juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos desestimó así el recurso interpuesto por el abogado Marco Riveros Ramos a favor de la mandataria contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por una supuesta vulneración del derecho a contar con un fiscal competente y a un debido proceso garantizado.

El magistrado emitió esta sentencia luego que la presidenta Dina Boluarte no cumpliera con el requerimiento que este le hizo para que legalizara su firma ante el especialista a cargo de dicha labor o a través de un notario público en el documento que envió su defensa legal.

El letrado señaló en su demanda que el actual fiscal de la Nación no ha juramentado ante la presidenta de la República, como lo establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que refirió que se trata de un fiscal «deslegitimado»; y por ende, todas las actuaciones procesales realizadas hasta la fecha para investigar a la mandataria son nulas.

También sostuvo que quien ha ejecutado el allanamiento al domicilio de la jefa del Estado no fue el fiscal de la Nación, por lo que ha trasgredido el debido proceso en la vertiente de legalidad procesal, y que además se ha iniciado un proceso penal contra la mandataria sin que se haya realizado una denuncia ante el Congreso de la República violentando el debido proceso.

No obstante, el juez Núñez Matos precisó que, los fiscales en la medida en que son titulares de la acción penal pública, pueden ejercitarla de oficio o a petición de parte, representando el interés público de la ciudadanía en la búsqueda de justicia. 

«Dentro de la actuación en búsqueda de tal fin, se encuentra la diligencia de allanamiento, a fin de localizar posibles objetos o restos delictivos», precisó el magistrado en su sentencia emitida el último 17 de abril a la que tuvo acceso RPP.

En ese sentido, resaltó que las medidas que restringen o limitan la libertad individual corresponden a los jueces, por lo que los actos del Ministerio Público no suponen una incidencia negativa directa y concreta en la libertad personal y mucho menos una amenaza hacia ella.