Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, llamó a la reflexión a los congresistas luego de haber aprobado, en primera votación, a la nueva ley que abarca su jurisdicción. En su opinión, la norma reduce sus funciones frente al narcotráfico.

«Esta norma nos ata de manos contra los narcotraficantes. Imaginen que tenemos la información sobre unos sicarios, una organización criminal de sicarios y tengamos información de inteligencia que tenemos el modus operandi y pedimos el allanamiento, tendríamos que notificar al abogado para que esté presente. Ya no llegamos porque el abogado le pasará la voz a su cliente», comentó en el programa ‘Nunca es Tarde’ de RPP. 

Chávez Cotrina recomendó también a los parlamentarios redactar mejor el tipo penal y allanamiento pues criticó varios puntos de la norma contra el crimen organizado. 

«El Congreso ha aumentado términos que hacen difícil la comprensión del tipo penal con respecto al crimen organizado que ha ampliado su margen en el ‘mercado’. Ahora no solo se dedican al narcotráfico, trata de personas, tráfico de terrenos, extorsiones», comentó.

De otro lado, el fiscal también comentó que la reunión sostenida la mañana de ayer con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha sido fructífera y comentó que en ambos lados existen fallos que deben solucionarse. 

«Hemos reconocido que en ambas partes hemos cometido errores y creo que por ahí debemos empezar. Por ejemplo, que cuando el fiscal no está presente en las intervenciones el acta está mal redactada, los policías no saben redactar las actas y ese es un problema para nosotros porque el acta es fundamental», explicó a RPP. 

El pleno del Congreso aprobó el último jueves, en primera votación, un dictamen que modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado.

La decisión se tomó con 51 votos a favor, 13 en contra y 32 abstenciones. Uno de los puntos cuestionados por la Fiscalía es la que señala que el Ministerio Público no podrá solicitar al Poder Judicial el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias vinculadas a ingresos pensionarios y o relacionadas con bienes y activos de partidos políticos.

Sobre el allanamiento, establece que el registro se realizará con presencia del interesado y de su abogado, y de no contar con este último, se le proporcionará uno de oficio.