Por Jorge Turpo Rivas

Durante su visita a Arequipa, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se mostró de acuerdo con la eliminación de la Junta Nacional de Justicia y crear la Escuela Nacional de la Magistratura como lo aprobó el Congreso en primera votación.

CUESTIONADA REFORMA CONSTITUCIONAL APOYA EL EJECUTIVO

La eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución encargada del nombramiento y destitución de jueces y fiscales, para crear la Escuela Nacional de la Magistratura, como lo aprobó el Congreso en primera votación, cuenta con el respaldo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.

Durante su visita a Arequipa, Arana, dijo que le parece bien que se cambie el modelo de formación de jueces y crear una nueva corriente en los profesionales que busque llegar a impartir justicia.

“En nuestro país no existe la carrera judicial propiamente dicha. Quiero rescatar de este proyecto la importancia que significa tener una carrera judicial. En la vida militar, por ejemplo, usted no puede ser coronel o general de pronto, tiene que pasar por una carrera. En el servicio diplomático es igual. La especialización o una carrera es muy importante para quien desea ser juez o fiscal”, manifestó.

El último miércoles, la Comisión de Constitución del Congreso de la República, liderada por la fujimorista Martha Moyano, aprobó el dictamen de reforma constitucional que busca eliminar la JNJ, que será reemplazada por una nueva institución: la Escuela Nacional de la Magistratura.

Sobre el cuestionamiento de que este proyecto sería otra muestra de la concentración del poder político que busca el Congreso, Arana, dijo que prefiere enfocarse en el tema de que los jueces y fiscales sigan una carrera de formación.

“Si ahora se pretende decir que esto es un tema político, también se podría decir lo mismo de la creación de la Junta Nacional de Justicia cuando reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura. Yo no voy a opinar sobre el tema político. Yo voy a opinar sobre la importancia de darle a los jueces y fiscales la integridad que necesitan”, respondió.

Agregó que él no distingue una intensión de atentar contra la separación de poderes y la institucionalidad en el país.

“La propuesta no significa que se va a intervenir en la justicia. Lo que yo veo desde mi perspectiva es que esto todavía falta debatirse y vamos a opinar oficialmente en su momento, pero yo rescato la idea de que debe haber una carrera judicial. Yo estoy a favor de la institucionalidad, lo importante es que no se está desapareciendo ni la Fiscalía ni el Poder Judicial”, dijo el ministro.

PRÓFUGO

De otro lado, el titular de Justicia, evitó pronunciarse sobre el exmagistrado, César Hinostroza, prófugo de la justicia peruana. Hinostroza fue visto en las calles de Bélgica con total normalidad. Además, se conoció que el Poder Judicial le autorizó volver a ejercer la abogacía.

“El ministerio de Justicia es parte en el proceso. Yo, como ministro, no me puedo pronunciar porque podría interpretarse como que se está politizando el caso y voy a evitar cualquier comentario. Cualquier opinión que demos sobre una persona que está en el exterior, puede ser tomado como un acto de politización. No voy a opinar porque desde el extranjero pueden tomar esto como una politización”, argumentó.

En relación al silencio de la presidenta, Dina Boluarte, que lleva dos meses sin declarar a la prensa, Arana dijo que ella habla a través de sus obras.

“Ella lo ha mencionado, la presidenta habla a través de sus obras, expresa sus opiniones a través del vocero y se reúne con sindicatos y gente del pueblo”, refirió.

El ministro de Justicia participó ayer en la inauguración del X Congreso Nacional e Internacional de Derecho Administrativo organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santa María.

Es un evento académico que se desarrolla del 6 al 8 de junio y congregará a los máximos exponentes del derecho administrativo, quienes comparten sus conocimientos con los estudiantes de derecho y abogados que laboran en el sector público. Son 79 juristas que analizan las tendencias y desafíos del sistema normativo de atención al ciudadano en el sector público.