Los funcionarios públicos que abusan de su cargo y obliguen a una persona a otorgarle a él o a un tercero un bien o cualquier beneficio patrimonial indebido comenten el delito de concusión y podría ser condenados de dos a ocho años de prisión efectiva, sostuvo el juez supremo provisional Ricardo Brousset Salas.

“Este delito se produce cuando el empleado público, abusando de su cargo, obliga, induce o hace prometer a una persona otorgar a él o a una tercera persona un bien o cualquier beneficio patrimonial, entiéndase, indebido”, refirió.

Remarcó que esta falta es un delito contra la administración pública, por tanto, quienes pueden cometerlo son solo los funcionarios o servidores públicos. 

Además de las penas de cárcel, el magistrado refirió que quienes sean hallados responsables deberán pagar una pena de 180 a 365 días multa (un porcentaje de la remuneración diaria del imputado).

“Como es un delito contra la administración pública, también tiene la pena de inhabilitación en el cargo, este delito no tiene agravantes”, refirió.

Sostuvo que la aplicación de la pena por este delito, que prevé un mínimo de dos años y un máximo de ocho años de prisión, tiene diferentes factores. 

“Las penas mínimas  son para concusiones que deben entenderse como menos graves. Se conmina atendiendo si se dan circunstancias  que graven como montos altos, que afecten a una pluralidad de personas o que sea un alto funcionario público”, aseveró.

El juez recordó que ha habido casos, en distintas gestiones del Parlamento, en que algunos congresistas han abusado de su cargo contratando empleados para su despacho, y los obligan a entregarle una cantidad del sueldo para contratar a otro persona y así tener a dos trabajadores con un mismo sueldo.

“En ese caso sería concusión en  favor de tercero o para sí mismo”, refirió.