El Poder Judicial ordenó ayer a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Defensa (Mindef), que cumpla con la entrega de los planes operativos elaborados para el control de las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ocurridas en nueve departamentos en los años 2022 y 2023.

A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales, la entidad señaló que esta decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, “que declaró infundadas las apelaciones de las procuradurías de las entidades antes referidas, en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y el expremier Alberto Otárola”.

Además, esta indagación también incluye a los exministros del Interior, Víctor Eduardo Rojas Herrera, César Augusto Cervantes Cárdenas y Vicente Romero Fernández; el exministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta; y el extitular de la PCM, Pedro Miguel Angulo Arana, por delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en agravio de la sociedad y otros.

El fallo precisa que “la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos que el Estado está, en esta etapa procesal, en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido”; ante los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

En esta misma resolución, el tribunal supremo también señala que “el Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de esos documentos para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública”.

“Determinar si es legal y razonable que, en los marcos de la investigación penal del Ministerio Público, cuente con diversos planes de operaciones de la Policía Nacional del Perú y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas elaborados para el control del conjunto de manifestaciones ocurridas en los departamentos de Apurímac, La Libertad, Junín, Ayacucho, Arequipa, Puno, Ucayali, Cusco y Lima, entre los días 10 al 19 de diciembre de 2022 y del 9 de enero al 28 de enero de 2023, así como las comunicaciones remitidas por la Presidencia de la República, Presidencia del Concejo de Ministros, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, incluidas sus diversas dependencias, relacionadas con el control de dichas manifestaciones”, se indica en la mencionada resolución.

En esa línea, dentro de los fundamentos de investigación también se busca el esclarecimiento de delitos especialmente graves, “bajo cargos de ejercicio desproporcionado de la fuerza por la Policía Nacional y el Ejército a partir de órdenes dictadas por las máximas instancias del Poder Ejecutivo con un resultado de numerosos muertos y heridos”.