FISCALÍA DE LAVADO DE ACTIVOS

Un informe fiscal acusa a la presidenta Dina Boluarte y al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, de ser parte del “brazo legal” de una presunta organización criminal. Ambos, habrían ejercido influencia en el Parlamento y el Ejecutivo para la promulgación de leyes a favor del partido Perú Libre y entorpecimiento de las investigaciones en su contra.

Un informe de la Primera Fiscalía Lavado de Activos plantea denunciar constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte y al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, por ser el “brazo legal” de la presunta “organización criminal Perú Libre”.

Según un documento de 200 páginas, que llegó al despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, señala que este supuesto entramado delictivo habría ejercido influencia en el Parlamento y el Ejecutivo para la promulgación de leyes que beneficien a Perú Libre y obstaculicen investigaciones en su contra.

“El partido político Perú Libre habría aprovechado que el investigado Waldemar Cerrón ostenta el cargo de congresista para que se presenten proyectos de ley que busquen modificar la normativa penal, procesal constitucional, a favor de sus miembros”, dice el fiscal a cargo del caso, Ángel Astocondor, en el informe.

Astocondor Villalobos inició desde 2021 una pesquisa a Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre y prófugo de la justicia, a su hermano Waldemar José y a la mandataria Boluarte Zegarra. 

En el documento que presentó advierte sobre “hechos identificados que perjudicarían o impedirían el correcto desarrollo de la investigación seguida contra la organización criminal Perú Libre y sus miembros”.

PROYECTOS DE CERRÓN

El 10 de mayo de 2024, Waldemar Cerrón defendió su proyecto de ley que reconocía a los partidos políticos como asociaciones de interés público. “Una organización política o cualquier institución no puede ser perseguida”, dijo en el pleno del Parlamento.

Con esta iniciativa aprobada, de acuerdo con el dominical, el legislador evitó la posibilidad de que las agrupaciones políticas en general puedan ser investigadas como organización criminal.

«Boluarte Zegarra no habría realizado observación, oposición o pronunciamiento alguno. En mérito de ello, el 10 de junio del año en curso el Congreso promulgó la Ley N.º 32054 en el diario oficial El Peruano«, dice el documento fiscal. 

Y, por si fuera poco, Waldemar Cerrón presentó en 2023 otra propuesta legislativa para determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, la cual recibió luz verde por parte de la Comisión Permanente del Congreso el último 4 de julio.

Con esta iniciativa, se considera como organización criminal «a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí, para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, con el fin de obtener, directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico».

Además, establece que los allanamientos se ejecuten con presencia del investigado y su abogado, una medida duramente cuestionada por el Ministerio Público, gremios empresariales y dirigentes políticos, ya que beneficiaría a las bandas criminales, al narcotráfico y a partidos políticos implicados en actos de corrupción.