Al menos 11 personas fallecieron el lunes en Venezuela por las protestas desatadas en rechazo al resultado oficial de las elecciones presidenciales del domingo, según cuatro organizaciones no gubernamentales, cifra que casi duplica la ofrecida más temprano por Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país.

Del total, cinco fueron «asesinadas» en Caracas, dos en el estado Zulia (noroeste), dos en Yaracuy (oeste), una en Aragua (norte) y otra en Táchira (oeste), y dos de ellas eran menores de edad, de 15 y 16 años, indicaron Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Provea y Laboratorio de Paz en una rueda de prensa.

Desde el lunes, ha habido múltiples protestas en Caracas y buena parte del país en rechazo a los resultados brindados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) —que otorga una victoria al mandatario Nicolás Maduro—, acciones respondidas, en algunos casos, con represión por parte de cuerpos policiales y militares.

Las ONG, que exigieron una investigación, dijeron estar «preocupadas enormemente» por «el uso de armas de fuego en estas manifestaciones».

De otra parte, Foro Penal indicó que, hasta las 15:00 hora local (19:00 GMT) de ayer martes, computó 177 detenciones, la mayoría en Caracas, con 38; seguido del estado Barinas (oeste), con 27; y Zulia, con 19.

Efe constató que el martes continuaron las detenciones, durante enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios de seguridad, poco después de finalizar una concentración de la oposición mayoritaria en Caracas a la que acudieron miles de personas.

La coordinadora del Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, dijo que registraron un total de 210 «protestas espontáneas» en «todo el país», lo que fue respondido —denunció— con «una actuación represiva por parte del Estado venezolano».

En este sentido, señaló que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), además de «colectivos armados vinculados al Estado», generaron «una ola represiva», por lo que exigió el respeto al derecho a la manifestación pacífica.

La oposición mayoritaria señala estas manifestaciones como «expresiones espontáneas y legítimas», mientras que el Gobierno las tacha de «criminales» y «terroristas», a la vez que denuncia un golpe de Estado «fraguado nuevamente» por «factores fascistas de derecha extremista».

El Ministerio Público (MP, Fiscalía), que investiga un supuesto plan de personas vinculadas a la oposición mayoritaria para adulterar los resultados electorales, contabiliza 749 detenciones.