Ayer, miércoles 31 de julio, el Gobierno central aprobó el decreto supremo que declara el estado de emergencia en varios distritos de Arequipa y Moquegua por la contaminación hídrica en la cuenca del río Tambo y Coralaque. Dicha acción fue realizada con varios días de retraso, pues el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero Campos, había prometido que la declaratoria se promulgaría el pasado miércoles 24 de julio.

SE RESPONSABILIZA DE CONTAMINACIÓN A MINA ARUNTANI

Los pobladores de Islay llevaban una semana esperando por la publicación del decreto de urgencia que declare el estado de emergencia en las cuencas del río Tambo. Después que el domingo 21 de julio el titular del Midagri se comprometió a que el dispositivo legal sería publicado en el diario El Peruano el pasado miércoles 24, pero los días de retraso generaron incertidumbre para los residentes de la provincia Islay.

Como se recuerda, un tamizaje realizado a la población de La Curva, El Arenal, Alto Ensenada y Matarani, jurisdicciones ubicadas en la provincia de Islay, reveló altos niveles de arsénico en 343 infantes de un universo de 420. Se sospecha que esto se debe al consumo de agua contaminada y se responsabiliza de este hecho a la empresa minera Aruntani. A pesar de ello, el Gobierno central tardó más de dos semanas en adoptar medidas de emergencia para resarcir a la población perjudicada.

Ante la demora, desde el Gobierno Regional de Arequipa aseguraron que la declaratoria debía estar sustentada con la documentación correspondiente. Con ese objetivo, el Ejecutivo regional envió los informes realizados por la Gerencia Regional de Salud, la Gerencia Regional Ambiental y  la Gerencia Regional de Energía y Minas; de modo que dependía de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitir el dispositivo legal que avale la declaratoria de emergencia del río Tambo. 

«La excusa de la PCM es que se reunen con temas agendados y no podían incluir la declaratoria de emergencia para el río Tambo inmediatamente porque aún no había el sustento. Entonces ellos hicieron la propuesta de que se plantearía el decreto de urgencia durante la próxima reunión del Consejo de Ministros», sostuvo el consejero por Islay, Juan Carlos Huanca Molero. 

Además, el consejero regional aseguró que mantiene diálogo con los encargados de Sedapar en la provincia de Islay. De modo que le aseguran que el tratamiento de las aguas es adecuado para reducir la cantidad de metales pesados. Ello a pesar de los cuestionamientos de la población, quienes aseguran que en algunas ocasiones el agua tratada por Sedapar presenta sabores y olores que impedirían el consumo humano.