El magistrado programó esta audiencia virtual luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenara que se pronuncie sobre la admisibilidad y procedencia de la solicitud indemnizatoria de la Procuraduría General del Estado, así como la admisión del material probatorio en este caso.

El Poder Judicial evaluará el jueves 15 de agosto si admite o no la solicitud indemnizatoria que presentó la Procuraduría General del Estado para que la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pague la suma de 200 mil soles como reparación civil a favor del Estado peruano.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 11:30 de la mañana, el juez supremo Juan Carlos Checkley escuchará los argumentos del representante de la Procuraduría General del Estado y de la defensa legal de Ávalos Rivera para poder emitir una decisión al respecto en los próximos días.

El tribunal supremo dispuso esta medida tras confirmar el extremo de la resolución emitida por Checkley Soria el 23 de noviembre del 2023 en la que archivó la investigación preparatoria que afrontó la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por haber suspendido las investigaciones que inició su despacho al entonces presidente Pedro Castillo hasta que culminara su mandato en el 2026 tras hacer una interpretación del artículo 117 de nuestra Constitución política.

RESOLUCIÓN

La sala suprema determinó que el magistrado Juan Carlos Checkley no se pronunció en su resolución sobre la reparación civil que Ávalos Rivera debería pagar al Estado peruano a raíz de este caso.

Según el argumento de la Procuraduría General, aunque Zoraida Ávalos sea declarada inocente generó un perjuicio al Estado y debe pagar una reparación civil de 200 mil soles.

No obstante, Luis Vargas Valdivia, abogado defensor de la Fiscal Suprema, Zoraida Ávalos, sostuvo que su patrocinada realizó una actividad neutra, que no cometió delito, es decir actuó conforme al mandato de la ley, por lo tanto, no procede el pago de una reparación civil.

El último 24 de mayo, Zoraida Ávalos retomó sus funciones como Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público luego que la Tercera Sala Constitucional de Lima declaró fundada, en parte, una demanda de amparo que presentó para dejar sin efecto la decisión que adoptó el Pleno del Congreso en junio del 2023 en la que ordenó inhabilitarla por 05 años para ejercer cargo público por una presunta infracción constitucional en raíz de este caso.