PUNO

El Juzgado Penal Colegiado Permanente de San Román de la Corte Superior de Puno condenó a 8 años y 3 meses de prisión efectiva contra Marisol Gonzales Ordóñez por el delito de minería ilegal agravada. La decisión fue tomada tras una audiencia de juicio oral donde se demostró la responsabilidad penal de la acusada.

Según la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, desde 2018 Gonzales Ordóñez realizaba actividades mineras ilegales en el cauce y la faja marginal del río Esquilaya, un afluente del río Inambari, en el distrito de San Gabán. Estas acciones fueron calificadas como graves debido al daño ambiental ocasionado en la zona.

La condenada utilizaba maquinaria pesada como excavadoras, motores y motobombas para ejecutar la minería ilegal. Estas actividades generaron vertimientos de sólidos en suspensión en el río Esquilaya y causaron la destrucción de su cauce, alterando el relieve y afectando el bosque natural adyacente.

El Juzgado Penal Colegiado Permanente de San Román dictó la sentencia contra Gonzales Ordóñez tras evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía. Además de la pena privativa de libertad, se le impuso el pago de 30 mil soles como reparación civil por los daños ocasionados al medio ambiente.

La sentencia busca no solo sancionar la actividad ilícita, sino también sentar un precedente en la lucha contra la minería ilegal en la región. Este tipo de prácticas no solo afecta a los ecosistemas locales, sino que también pone en riesgo a las comunidades cercanas y su acceso a recursos naturales limpios.

El caso de Marisol Gonzales pone en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de control y prevención de actividades mineras ilegales en zonas vulnerables. Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar con operativos y sanciones ejemplares para quienes infrinjan la ley.