MINJUSDH: el total de denuncias por extorsión no son de penales de provincias

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) señaló que proponer otorgarle a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y a la Policía Nacional del Perú (PNP) el control de los penales, es inconstitucional y, por lo tanto, inviable desde un aspecto legal y operativo.

El ministro del sector, Eduardo Arana Ysa, sostuvo que el grueso de extorsiones denunciadas no proviene de los penales. La propia PNP ha señalado que, en lo que va del 2024, sólo el 0.2% del total de 15 384 denuncias por extorsión fueron realizados desde los penales, lo cual derivó en 21 traslados de internos a penales de mayor seguridad. Mientras que en el año 2023, sólo el 0.1% del total de 19 305 casos por extorsión fueron realizados desde los penales, lo cual derivó en 24 traslados de internos a penales de mayor seguridad.

Asimismo, remarcó que el INPE mantiene el principio de autoridad y el orden en los penales con agentes especialmente capacitados para esa labor. Se enfatizó que ni la PNP ni las FFAA tienen la formación profesional para cumplir con el mandato constitucional de la resocialización, la rehabilitación y la reincorporación de los internos a la sociedad como finalidad del sistema penitenciario, tal como lo manda el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución.

En ese sentido, se sostuvo que los agentes del INPE tienen conocimientos en tácticas de seguridad de penales y desarrollan prácticas de forma permanente bajo la supervisión de instructores. Se cuenta además con un Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que su formación incluye el control y disuasión de situaciones de riesgo al interior de penales, develación de motines, conducción y traslado de internos. Asimismo, los servidores penitenciarios están capacitados en la normatividad vigente sobre Derechos Humanos y uso de la fuerza en el contexto penitenciario.

El MINJUSDH anotó que entregarle el cuidado de los penales a la PNP o las FF.AA. significa revivir los tristemente célebres sucesos acontecidos en el penal “El Sexto” en 1984, donde la Guardia Republicana, por entonces encargada de custodiar los penales, fue sobrepasada por un grupo de 10 delincuentes, poniendo en vilo todo el Perú en vivo, en directo y a nivel nacional.

De igual forma, se puntualizó que los penales son centros de resocialización y el INPE, hace los mayores esfuerzos para devolver mejores personas a la sociedad brindándoles talleres de trabajo, educación básica y técnica, programas como Orquestando, Cero Analfabetismo, Cárceles Productivas, entre otros.

Finalmente, expresó que insinuar el fracaso del sistema penitenciario no se condice con el trabajo y esfuerzo del INPE, en su rol constitucional de administrar los penales. No obstante, corresponde reforzar y fortalecer la articulación del trabajo que coadyuve a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

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