Por: Christian Capuñay Reátegui

REFLEXIONES

Al respecto, cabe recordar que el segundo gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985) acordó la compra de 24 de estos aviones para fortalecer las capacidades operativas de la FAP y, de paso, convertirse en un elemento de disuasión militar, especialmente en el contexto de las entonces tensas relaciones con el Ecuador.

No obstante, el primer gobierno de Alan García (1985-1990) dispuso modificar el contrato de tal manera que se adquirieron solo 12 aeronaves. No pocos especialistas en asuntos militares consideran que tal recorte fue un error estratégico, por cuanto se privó a la FAP de un número de cazas suficiente para formar más de un escuadrón moderno con capacidad para cubrir el vasto territorio peruano y responder ante posibles conflictos.

Asimismo, aunque la información difiere según la fuente, se conoce que no se aseguró la provisión de armamento de últia generación y de largo alcance para dichos aviones en un número suficiente. Esta habría sido una de las causas por la que los Mirage 2000 se abocaron principalmente a funciones de patrullaje, “sombrilla” y apoyo durante el conflicto de 1995 con el Ecuador. Otras aeronaves, como los Sukhoi 22 -que carecían no solo de misiles [los Vympel K-13M estaban vencidos] sino también de radares- cumplieron las misiones más arriesgadas de bombardeo sobre las posiciones enemigas. Otra posibilidad estimable es que los cazas franceses estaban a la expectativa para actuar con todo en caso de que la contienda deviniera en una guerra generalizada.

Pese a estos inconvenientes, los Mirage 2000 sí disuadieron como lo prueba el testimonio del entonces oficial de la Fuerza Aérea de Ecuador, Raúl Banderas, quien confirmó que los aviones de su país optaban por retirarse y abandonar el campo de batalla ante la presencia de las naves peruanas.

Como vemos, decisiones políticas tomadas sin el criterio más apropiado pueden tener impacto en las capacidades de una fuerza militar y obstaculizar su performance en caso de conflicto. Debería tenerse en cuenta esta experiencia al momento de concretar la adquisición de nuevas aeronaves de combate para la FAP.

Entre la firma del contrato de compra y la llegada de los aviones pueden pasar varios años e ir más allá del periodo del gobierno adquiriente. Si ese fuera el caso, ¿qué garantías pueden ofrecerse de que una nuevo Poder Ejecutivo no dará marcha atrás por razones políticas y/o presupuestales?

Errores de tal magnitud pueden costar muy caro y la historia de nuestro país así lo demuestra. Esperemos que nuestras autoridades, las actuales y las futuras, acierten en sus decisiones.