Diversas reacciones ha generado la decisión del Poder Judicial de ordenar al Ministerio Público que concluya la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por presunto abuso de autoridad tras la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional del Perú que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Cuando iniciaron las diligencias preliminares sobre esta investigación, el Ejecutivo rápidamente salió a hacer sus descargos por los procesos judiciales contra la mandataria y su entorno. Asimismo, hubo ciertos movimientos llamativos, como el hecho que la resolución que desactivó el equipo especial fue emitida un día antes de que se ordenara la detención preliminar contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, y Mateo Castañeda, su ex abogado.

Otro hecho que llamó la atención fue cuando, en uno de los audios difundidos por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlaqué, supuestamente Juan José Santiváñez, quien había sido nombrado ministro del Interior, le habla sobre una estrategia orquestada desde Palacio de Gobierno para debilitar a la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac).

Todas estas acciones debían ser aclaradas en las instancias correspondientes, es decir, el Ministerio Público. Sin embargo, según lo que explicó el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, fue por una negligencia de los fiscales que este caso podría archivarse.

El letrado señaló que la responsabilidad es de los fiscales supremos, Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez, quienes se ‘pelotearon el caso’ hasta que venció el plazo.