Por: Luis M. Iglesias

El reciente caso de Sheyla Cóndor ha puesto de manifiesto el salvajismo al que puede llegar la violencia contra la mujer en el país. Una rápida revisión de las cifras sobre este problema, solo en el presente año, muestra un escenario espantoso, frente al cual es urgente e impostergable adoptar acciones tanto o más efectivas de las que se vienen exigiendo ante las extorsiones y otros delitos.

Según el Ministerio de la Mujer, de enero a octubre del presente año se registraron 133 casos de feminicidio, siendo muy probable que se superen los 165 sucedidos en el 2023. Lima, Cusco, Cajamarca, Huánuco e Ica son las regiones con mayor número de casos, afectando a mujeres entre 30 y 59 años. A estas víctimas se suman un poco más de 5000 mujeres reportadas como desaparecidas en el mismo período, de las cuales el 68% de casos denunciados en octubre son de niñas y adolescentes; y el 32% de mujeres adultas.

Estos datos constituyen, sin embargo, solo la punta visible de un iceberg mucho más profundo y tenebroso, pues ENDES (investigadora estadística más importantes que ejecuta el INEI) señala que en 2023 el 53.8% de las mujeres peruanas declararon haber sido víctimas de violencia por parte de su esposo o compañero, poniendo en manifiesto a la violencia psicológica o verbal (49.3%), seguida por la violencia física (27.2%) y la violencia sexual (6.5%).

Estas cifras, por cierto, no incluyen a mujeres niñas y adolescentes, pero lo que resulta insólito es que el 45% de víctimas de violencia física señalaron no haber buscado ayuda ante la violencia sufrida, todo lo cual ayuda a mantener un marco de impunidad a agresores y violadores de toda calaña.

Aunque más del 97% de la población reconoce que la violencia contra la mujer es un problema grave o muy grave que afecta al país, IPSOS –en una reciente encuesta– ha puesto al descubierto una baja exigencia por la adopción de medidas más concretas que permitan proteger a las niñas y mujeres de las diversas formas de violencia que las afectan. Ello a pesar de que la confianza social hacia las instituciones a cargo de combatir esta lacra social es bastante baja: 40% en el caso del Ministerio de la Mujer, 41% en el Ministerio Público y 35% respecto de la Policía Nacional. A eso se agrega que solo el 17% de ciudadanos señala que intervendría directamente si tuviera que enfrentar uno de estos casos, mientras que el 30% optaría por voltear la mirada por considerarlo un “tema personal”.

Estos datos muestran que en nuestro país persiste un ambiente social y cultural más favorable a la continuidad de estas formas de violencia, antes que ponerle fin y evitar con ello nuevos casos como el de Sheyla Cóndor. A nuestro entender, esto va más allá de la persistencia de una cultura machista – falta mucho por avanzar, sobre todo en los más jóvenes– dado que también involucra la notoria debilidad de las instituciones a cargo de combatir esta violencia, desde la Policía Nacional hasta el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por tanto, se requiere de una estrategia mucho más integral, multisectorial y multidimensional, con la participación de la sociedad civil organizada, a fin de evitar que nuestras madres, hermanas e hijas se conviertan en víctimas de abuso o violencia y puedan vivir una vida segura, digna y libre de violencia.

Todas las mujeres, absolutamente todas, tienen pleno derecho a que se respete su integridad, su dignidad, en casa, en el trabajo, en la calle, pero eso es algo que al parecer, a veces, es difícil comprender. Hagamos algo por ellas, por nosotros, por nuestra sociedad, caminemos de la mano juntos por el sendero y el respeto mutuo, fijemos las bases sólidas para un futuro libre de violencia y desigualdad; así avanzaremos mejor. La legislación está dada, las normas están ahí, ¿qué esperamos?

La Contraloría General de la República contribuyó con este esfuerzo, cumplió con un deber poco replicado y fue reconocida por el PNUD por su alto liderazgo y compromiso político otorgándole el “Sello de Oro” que no es más que la forma de garantizar la igualdad de oportunidades en los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Este reconocimiento permite evidenciar que la institución utiliza el enfoque de igualdad en sus políticas públicas bajo estándares reconocidos internacionalmente.

Esperemos que este gran paso sea un ejemplo para otras entidades del Estado, y marquemos un hito de cambio, con la esperanza de que las mujeres peruanas sean cada vez más reconocidas por su valía, por su capacidad, por esa destreza y talento innatos que la hacen superar y sortear los problemas del día a día. ¡Valentía, capacidad, lucha y esfuerzo es tu distinción mujer peruana!