La denuncia sobre la existencia de una presunta red de prostitución dentro del Congreso de la República involucra a altos funcionarios de este poder del Estado, especialmente a miembros del partido político Alianza Para el Progreso (APP), cuyo líder es César Acuña, actual gobernador regional de La Libertad y excandidato a la presidencia del Perú.

Según un reportaje periodístico, recogido por las autoridades pertinentes para iniciar las investigaciones del caso, el encargado de liderar esta trama de explotación sexual en los pasillos del Palacio Legislativo sería Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Jurídica y Constitucional del Parlamento, militante de APP y cercano a Acuña Peralta.

Estas acusaciones salieron sobre el tapete luego de conocerse sobre el feroz ataque que sufrió Andrea Vidal Gómez, extrabajadora del Congreso y subordinada de Torres en el mencionado despacho, el pasado lunes 9 de diciembre a manos de sicarios.

De acuerdo al reporte policial, Vidal Gómez se encontraba en el asiento posterior de un taxi que transitaba por una concurrida calle de La Victoria cuando los gatilleros la interceptaron y dispararon hasta 40 veces en su contra. Los balazos también impactaron contra el chofer del vehículo, José Daniel Vargas Briceño, quien falleció en el acto.

Tras una semana en estado crítico en el Hospital 2 de Mayo, ubicado en Cercado de Lima, la joven de 27 años perdió la vida. La investigación periodística indica que, según los pedidos y exigencias de Torres, sería la encargada de contactar y contratar a modelos bajo cargos ficticios, como “secretarias”, en el Parlamento, para luego hacerles propuestas de carácter sexual.

Sin embargo, a finales de setiembre, Vidal Gómez y Torres Saravia habían tenido una desavenencia, por lo que el exfuncionario la removió de su cargo. Las autoridades teorizan que habrían intentando silenciarla por el conocimiento que tenía sobre esta presunta red criminal.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, informó que se llevará a cabo una investigación rigurosa sobre la posible existencia de una red de prostitución que operaría dentro del Congreso.

A través de una publicación en sus redes sociales, Burgos aseguró que se adoptarán todas las acciones necesarias para aclarar las serias denuncias que afectan la imagen y el desempeño del Parlamento.