Ante un inminente arbitraje internacional por la segunda etapa del proyecto Majes Siguas, el Colegio de Abogados de Arequipa manifestó su respaldo a la posibilidad de pagar la conciliación exigida por la empresa española Cobra, propietaria de la concesionaria Angostura-Siguas. El decano regional de la orden, John Mesías Romero, calificó como negligente el secretismo con el que el Ejecutivo nacional está manejando el proceso arbitral.

«El Gobierno ha planteado la posibilidad de una conciliación antes del arbitraje. Esa es una alternativa. No conocemos actualmente los términos de la conciliación, pero definitivamente no es una mala estrategia evitar un arbitraje que podría costar una suma elevada de dinero. (…) Esperemos que las negociaciones sean manejadas adecuadamente y ambas partes obtengan beneficios, sin que Arequipa pierda recursos provenientes de nuestros impuestos», declaró el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, John Mesías Romero.

En el contexto de un posible arbitraje internacional, el Gobierno peruano contaría con puntos a su favor. Según funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, la concesionaria Cobra S.A. recibió un adelanto de 162.8 millones de dólares sin haber mostrado avances significativos en el proyecto. Además, no habría subsanado más de 180 observaciones formuladas por la empresa supervisora, lo que constituiría una falta grave que beneficiaría al concedente en el proceso arbitral. No obstante, no aseguran ganar el arbitraje.

El arbitraje internacional por la segunda etapa del proyecto aún no ha avanzado a la etapa de instalación del tribunal arbitral ya que solo la concesionaria Angostura-Siguas S.A. ha designado a su árbitro ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). El Gobierno peruano, por su parte, aún no ha definido a su representante. Al respecto, Mesías Romero señaló que los plazos establecidos continuarán su curso, y que, de no realizarse la designación, será el propio CIADI quien nombrará al árbitro correspondiente.

Una vez instalado el tribunal, el arbitraje podría prolongarse al menos un año. Sin embargo, no existen medidas cautelares que paralicen el desarrollo del proyecto durante este periodo. Aunque el arbitraje era prácticamente inevitable, Mesías Romero cuestionó que no se haya avanzado con la puesta en operación de la primera etapa del proyecto de irrigación, calificando esta situación como una muestra de negligencia en la gestión del proyecto.