El gerente ejecutivo de Autodema, Duberly Otazú García, negó cualquier responsabilidad en la deuda que funcionarios de la Gerencia Regional de Agricultura (GRAG) mantienen con proveedores del pasacalle regional 2024. Según el funcionario, su participación se limitó a la distribución de polladas, descartando haber gestionado los pagos. Mientras tanto, las afectadas anunciaron que denunciarán públicamente a los involucrados, tras casi cinco meses de incumplimiento.

De acuerdo con las denunciantes, desde la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social fueron contactadas con Duberly Otazú García, quien en ese entonces era subgerente de Promoción Agraria de la GRAG. El encargo consistió en preparar 4076 polladas para los participantes del evento, con un costo total de S/40 000. Sin embargo, tras recibir un pago parcial, las proveedoras aún enfrentan una deuda pendiente de S/19 836.

Rosemary Vargas, una de las denunciantes, afirmó que Otazú García recibió las polladas y se comprometió a completar el pago en los días posteriores. No obstante, las fechas de pago fueron postergadas en reiteradas ocasiones, dejando a las proveedoras en una situación económica crítica. A ello se suma que la entrega de las polladas se realizó sin firmar contratos ni órdenes de servicio, lo que impide a las afectadas iniciar acciones legales para exigir el cobro.

Al respecto, Otazú García reconoció haber distribuido las polladas, pero negó cualquier responsabilidad en el pago. «La Subgerencia de Promoción Agraria no realizó ningún servicio, se debe consultar a la Gerencia de Agricultura. Yo he apoyado como trabajador. He trasladado las polladas al área del pasacalle. (…) Tras las denuncias voy a tomar las acciones correspondientes. Yo desconozco la situación de los pagos. Solo brindé apoyo a una comisión multisectorial del GRA», declaró.

Sin embargo, Rosemary Vargas aseguró que Otazú García y Pedro Fuentes eran los contactos designados para gestionar los cobros, pero ambos se responsabilizaban mutuamente, evitando concretar el pago. Esta situación de incumplimiento se ha prolongado por cinco meses. Ante ello, las denunciantes anunciaron que ayer viernes 3 de enero presentarán públicamente sus reclamos, denunciando una presunta estafa que implicaría a funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa.