La ONU ha reclamado el viernes al Gobierno de Venezuela que garantice el derecho a la población para opinar y manifestarse «sin miedo a posibles represalias». Este pedido se da en vísperas del día en que arranca el nuevo mandato de Nicolás Maduro y sin que se hayan resuelto aún las dudas surgidas tras las elecciones presidenciales.

La Misión Internacional Independiente de Investigación ha lanzado «un fuerte llamamiento» con vistas al teórico punto de inflexión del 10 de enero. Su presidenta, Marta Valiñas ha exhortado a las fuerzas de seguridad a «comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza», después de que más 2400 personas fuesen detenidas durante las movilizaciones postelectorales.

El Ministerio Público ha asegurado que más de 1300 de estos detenidos están ya en libertad, pero la ONG Foro Penal estima que en las cárceles de Venezuela sigue habiendo más de 1800 presos recluidos por razones de índole política.

«Toda conducta violatoria de derechos debe ser investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial y juzgadas por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso», sostuvo Valiñas.

Otro de los miembros de la misión, Francisco Cox ha señalado que tanto quienes ordenan las detenciones «arbitrarias» y las «torturas» como quienes las ejecutan son penalmente «responsables» a título individual.