El acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht en 2019 continúa siendo objeto del debate político, luego de que, el pasado 18 de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda de habeas data y dispuso que la Fiscalía entregue una copia del mismo al demandante. 

Tras haberse hecho público el acuerdo, este ha sido objeto de críticas por parte de un sector de la opinión pública que considera que resultó lesivo para los intereses del Estado peruano y parcializado a favor de Odebrecht. Incluso, la bancada de Renovación Popular se encuentra impulsando una moción para crear una comisión multipartidaria que investigue sus alcances. 

Al respecto, RPP conversó con Yván Montoya, exprocurador anticorrupción, respecto al balance de los términos del acuerdo y de sus efectos judiciales en el Perú, en uno de los casos de corrupción política más emblemáticos de los últimos años.

El exprocurador consideró que, «al momento en que se tenían las primeras conversaciones o las tratativas» para llegar al acuerdo de colaboración eficaz, la idea era hacer un balance proporcional de «cuánto se va a ceder respecto de Odebrecht y cuánto se va a obtener» por parte de la empresa para las investigaciones.

«Mirado desde ese momento y lo que se tenía que esperar -las dificultades de obtención de pruebas, un tema de corrupción de carácter transnacional con una empresa que había encriptado toda la información y que se tenía muchísimas dificultades para conseguir temas probatorios- la idea era cuánto se va a ceder respecto de Odebrecht y cuánto se va a obtener […] Es un balance proporcional, hay que evaluar esa proporcionalidad. Algunos considerarían que se le concedió un poco más allá de la cuenta o que se le pudo poner cláusulas para impedir esos arbitrajes», señaló.

Montoya indicó que, si bien se pudo incluir en el acuerdo claúsulas respecto a los arbitrajes, en general, no hubo una «desproporción grave» entre lo que se obtuvo de la empresa y lo que se concedió.

«Mirado globalmente, yo no veo una desproporción grave. Yo creo que está dentro de lo que se pudo obtener y de lo que se concedió, probablemente, pudo concederse un poco menos, pero nunca hay que dejar de mirar lo que se obtuvo en su momento como información», aseveró.

Asimismo, consideró que en las investigaciones del caso se abrieron procesos tanto a políticos de derecha como de izquierda y de centro, por lo que cuestionó el argumento de que el acuerdo fue utilizado para afectar a un grupo político determinado.

«Cuando se hacía referencia a ese nivel de utilización o politización, no hay que olvidar que también están líderes y políticos vinculados a la izquierda, como la alcaldesa Susana Villarán, Vizcarra también; entonces, hay un panorama amplio de sectores políticos involucrados. Uno siempre sacó la conclusión de los descubrimientos que se hacían en esas investigaciones que tanto la izquierda la derecha y el centro habían incurrido en prácticas irregulares, ilegales o de corrupción; por tanto, eso de la politización, nunca me ha convencido del todo», sostuvo.