Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, prófugo hermano de la mandataria Dina Boluarte, apeló a la Ley 32138, aprobada recientemente por el Congreso de la República, para exigir la revocatoria de la prisión preventiva que pesa contra su patrocinado.

Ello, debido a que esta norma ya benefició a Mateo Castañeda, quien es investigado en el mismo caso y a quien se le revocó la prisión preventiva de 24 meses para imponerle comparecencia con restricciones y disponer su libertad inmediata.

«A este caso concretamente debe aplicarse la Ley 32138, que es la modificatoria vigente a este momento del delito de crimen organizado. Y se arribó a la conclusión de que en este caso no existe el delito de organización criminal, por lo que la imputación resulta incompatible con la descripción típica del delito que contiene la Ley 32138″, aseveró.

«Se ha cuestionado el trabajo de mi patrocinado. De 100 recibos por honorarios del 2019 al 2023, el juez ha cuestionado cuatro. Indebidamente, mal cuestionados. Pero, ¿cuestionar cuatro de un universo de 100 recibos por honorarios hace que no tenga arraigo laboral?», agregó.

En tanto, la fiscal Patricia Del Carmen Pérez Calderón consideró que la norma citada por Vivanco tiene carácter inconstitucional, por lo que no debería aplicarse.

«El Ministerio Público considera que es una ley inconstitucional, que se ha aplicado debidamente el control difuso, que existe la vulneración de derechos fundamentales: a la seguridad pública, tranquilidad y verdad. Y se está incumpliendo con la Convención de Palermo en una lucha frontal contra la criminalidad organizada», manifestó.

Cómo se recuerda, la Ley 32138, aprobada por el Congreso en agosto de 2024, modificó el artículo 317 del Código Penal para la definición de crimen organizado y generó desde entonces cuestionamientos políticos y desde el ámbito del derecho. De acuerdo a esta normativa, delitos como el fraude en la administración de personas jurídicas, corrupción privada, delitos ambientales, de estafa, tráfico de influencias, entre otros, ya no podrán ser investigados en el marco de una organización criminal.