Por: Carlos Meneses

No hay ninguna duda que la ciudadanía está frustrada por lo ocurrido y por lo inútil que han resultado los esfuerzos de detener esta ola de violencia.

El 11 de enero vencerá el estado de emergencia declarado para 13 distritos de Lima y Callao. Debe anotarse que esta fue la segunda oportunidad en que se confió a Ejército y Policía para que trataran de poner fin a una ola delincuencial, sin haber obtenido resultados positivos.

La verdad es que poco o nada ha servido el confiar, a estas dos instituciones, los servicios de inteligencia y el patrullaje de calles para evitar asesinatos y extorsiones.

Como bien indican las cifras que maneja el Estado el número de asesinatos llegó a 2100 hasta diciembre y las extorsiones y robos a más de 19 mil. Se han sumado además atentados contra unidades del transporte urbano, matando a choferes, cobradores y también a pasajeros. Esto confirma que todas las disposiciones previstas para detener la delincuencia han fracasado.

No se sabe si el gobierno optará por una ampliación o abandonará una fórmula ineficaz para detener la violencia.

En algunos casos los atentados se han repetido y en otros se han ampliado hacia coberturas desconocidas, especialmente en lo referido a las extorsiones y al pago de cupos. Lo definitivo y cierto es que el sábado vence el plazo.

El gobierno no ha dicho palabra alguna sobre una prórroga nueva o medidas complementarias para detener algo que mantiene enloquecida a la comunidad; de nada han servido las inversiones en patrulleros o motocicletas u otros afanes para conseguir se logre controlar la violencia que se advierte.