ENTRE EL CONGRESO Y EL EJECUTIVO

Suben las tensiones entre el Congreso y la Presidencia. A pocas horas de que venza el plazo legal para que el Ejecutivo se pronuncie sobre la autógrafa de ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que la norma fue observada y remitida al Congreso de la República. La declaración fue realizada durante el foro MUNI Ejecutivo Alcaldesas, donde Adrianzén sostuvo que la decisión demoró en ser enviada al Congreso debido a un análisis técnico exhaustivo

Sin embargo, en horas de la tarde mediante un comunicado el Legislativo desmintió el anuncio del presidente del Consejo de Ministros.

No obstante, el Congreso de la República contradijo esta afirmación mediante un comunicado difundido en redes sociales. En el mensaje, publicado a las 6:18 p.m. en la cuenta de X del Congreso, se informó que hasta ese momento la autógrafa de ley observada no había llegado a su sede. Esta situación genera incertidumbre debido a que el plazo para que el Ejecutivo envíe sus observaciones vence mañana, 14 de enero de 2025, y de no hacerlo, la norma se promulgaría por insistencia.

“El Congreso de la República informa que, siendo las 6:18 horas de la tarde, no ha llegado la observación a la autógrafa de la ley que restituye y modifica el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, referido a la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia”, se lee en el comunicado.

Cabe resaltar que, al ser consultado por los detalles de las observaciones, el premier Adrianzén admitió no recordarlas y aseguró que serían difundidas próximamente. “Bueno, hay una serie de observaciones, que tienen que ver precisamente con lo dispuesto en la norma. No tengo el detalle ahora mismo, no lo recuerdo, mal haría en declararlo. Pero la observación seguramente se hará pública en breve, ya se produjo”, resaltó.

¿La Ley N.º 32181 y cuál es su historia?

El 11 de diciembre de 2024, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32181, que eliminó la detención preliminar en casos sin flagrancia. Esta decisión suprimió el inciso ‘a’ del artículo 261 del Código Procesal Penal, que facultaba a los jueces a ordenar detenciones preliminares en investigaciones por delitos graves con penas mayores a cuatro años, siempre que existiera riesgo de fuga u obstrucción de la justicia.

La norma desató críticas de distintos sectores, quienes señalaron que la reforma dificultaría las investigaciones de delitos complejos como corrupción y crimen organizado. Con la nueva regulación, las detenciones solo serían posibles en casos de flagrancia, es decir, si el delito se detecta en el momento de su comisión o dentro de las 48 horas siguientes. Esto generó preocupación, ya que muchas investigaciones dependen de la posibilidad de actuar ante indicios razonables sin necesidad de pruebas inmediatas.

En respuesta a estas observaciones, el Congreso aprobó el 14 de diciembre una ley para restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia, reintroduciendo el inciso eliminado. Con 79 votos a favor, esta modificación busca que los jueces puedan actuar nuevamente ante sospechas fundadas, siempre que exista riesgo de fuga u obstrucción. La norma fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

CRÍTICAS

La Ley N.º 32181, ha generado críticas por parte de fiscales y expertos legales. Según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, la normativa podría favorecer a figuras vinculadas al actual Gobierno, como el prófugo Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra no habido desde hace más de un año. “Ellos no quieren someterse a la justicia peruana. Con su actitud, están enviando un mensaje a toda la juventud, sugiriendo que las autoridades pueden decidir si acatan o no las decisiones del sistema judicial”, manifestó Burgos.

Además de las críticas legales, el congresista Burgos calificó al actual gobierno como un “gobierno de la impunidad” por considerar que la ley promueve un ambiente donde funcionarios y políticos investigados pueden eludir a la justicia. Entre los casos, mencionó al exministro Juan Silva, investigado por corrupción y actualmente fuera del país.

La parlamentaria Patricia Juárez, en defensa de la norma, ha asegurado en declaraciones a RPP que esta busca evitar abusos en el sistema judicial y citó el caso de Agustín Lozano, quien fue detenido por graves acusaciones, pero liberado pocos días después por falta de pruebas. Sin embargo, fiscales como Víctor Cubas advierten que esta medida representa un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, ya que delitos complejos, como la corrupción, requieren investigaciones prolongadas que rara vez implican flagrancia.