POR INCUMPLIR SENTENCIA JUDICIAL

De ripley. El Banco de Comercio enfrenta una situación crítica tras el embargo de sus oficinas en Arequipa, ubicadas en la avenida Ejército. Esta medida fue dictada por el 11° Juzgado Civil – Sede Central de Arequipa debido al incumplimiento de la resolución judicial N.° 42-2024, que exigía el pago de S/ 131,818.70 más intereses legales generados durante ocho años, a favor de Juliana Sosa Salas, por proceso seguido sobre obligación de dar suma de dinero en el cual se demanda que funcionarios de la entidad financiera hicieron manejo doloso de dinero del cliente en mención.

El embargo a la entidad bancaria es una acción sin precedentes en Arequipa contra una institución financiera con presencia nacional.

El caso tiene sus orígenes en el año 2016, cuando Juliana Sosa Salas, gerente de empresa Promotora y Constructora VASCO SAC – presentó una demanda contra el Banco de Comercio, denunciando un manejo doloso de dinero, debido a que trabajadores realizaron apertura de cuenta y retiros sin autorización.

Durante los ocho años que ha durado este proceso, la empresa demandante ha insistido en la búsqueda de justicia, amparándose en lo dispuesto por las leyes peruanas, y finalmente obtuvo un fallo a su favor con la Sentencia de Vista N.° 276-2021-2SC.

La sentencia ordenó al Banco de Comercio el pago de la suma mencionada, bajo apercibimiento de ejecución forzosa en caso de incumplimiento. A pesar de esto, el banco no cumplió con la orden judicial, lo que provocó la intervención del juzgado y el embargo de sus instalaciones como medida coercitiva. El 11° Juzgado Civil de Arequipa, presidido por el juez Christian Omar Torreblanca Gómez, quien resolvió el caso basándose en lo dispuesto por el Código Procesal Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. La resolución N.° 42-2024 enfatizó el carácter vinculante de las decisiones judiciales y destacó que su cumplimiento es obligatorio para todas las personas e instituciones, sin excepción.

En el fallo el juzgado dispuso que los intereses legales adeudados fueran calculados por un perito judicial contador, quien determinó que estos ascendían a S/ 26,365.75, incrementando la deuda total a S/ 158,184.45. A pesar de los múltiples requerimientos y plazos otorgados, el banco no realizó el pago, obligando al juzgado a tomar medidas de ejecución forzosa.

IMPACTO

Este caso ha generado una grave crisis reputacional para el Banco de Comercio. La falta de cumplimiento de una sentencia judicial no solo pone en tela de juicio la responsabilidad de la entidad, sino que también genera dudas sobre su solvencia financiera. La situación es especialmente preocupante dado que el incumplimiento afecta los derechos de una cliente que durante años ha enfrentado una lucha legal prolongada y desgastante.

PRONUNCIAMIENTO DE LA SBS

Ante la gravedad de los hechos, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Este organismo regulador tiene la responsabilidad de supervisar y garantizar la transparencia en el sistema financiero peruano, así como de proteger los intereses de los clientes. Es fundamental que la SBS evalúe el cumplimiento de las obligaciones legales del Banco de Comercio y, de ser necesario, imponga las sanciones correspondientes para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema financiero peruano. Las instituciones bancarias desempeñan un rol crucial en la economía y deben actuar con total apego a las normativas legales y éticas para mantener la confianza de sus clientes y del público en general. El incumplimiento de una sentencia judicial de esta naturaleza no solo afecta a la parte demandante, sino que también puede desencadenar un efecto dominó en el sistema financiero. La falta de responsabilidad por parte del Banco de Comercio podría motivar una mayor vigilancia por parte de las autoridades y fomentar una revisión más estricta de las políticas de cumplimiento en todas las instituciones financieras del país.

El embargo de las instalaciones del Banco de Comercio en Arequipa marca un precedente en la administración de justicia, destacando la importancia de cumplir con las resoluciones judiciales. A pesar de los desafíos que enfrentan los juzgados, como la sobrecarga procesal mencionada en el fallo, este caso demuestra que el sistema judicial puede actuar de manera efectiva para garantizar el cumplimiento de la ley. El juez Torreblanca Gómez resaltó la obligación de las instituciones de respetar las decisiones judiciales, incluso en un entorno complejo y con altos niveles de litigiosidad. El Banco de Comercio debe enfrentar las consecuencias de sus acciones y de recuperar la confianza de sus clientes mediante el cumplimiento total de sus obligaciones legales.