La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) confirmó una sanción impuesta a la Academia de la Magistratura (AMAG) por prestar servicios educativos universitarios sin la debida autorización.

La sanción incluye una multa de 87 mil 217 soles y es resultado de un procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado por la Sunedu tras determinar que la AMAG ofreció un programa de maestría sin la autorización requerida.

El caso se centra en un programa de maestría denominado “Máster propio magistratura contemporánea: la justicia en el siglo XXI”, ejecutado en convenio con la Universidad de Jaén de España.

La Sunedu determinó que la AMAG colaboró activamente en la organización y desarrollo del programa, lo que constituye una prestación de servicio educativo superior universitario que requiere autorización previa según la Ley Universitaria. La AMAG argumentó que la responsabilidad del programa recaía en la universidad extranjera, sin embargo, la Sunedu desestimó este argumento, concluyendo que la AMAG tuvo una participación activa en la convocatoria, organización, desarrollo y administración del programa.

Esta participación incluyó aspectos como la matrícula, difusión, cronograma y la utilización de su infraestructura para las clases. Estas acciones fueron consideradas por la Sunedu como prestación del servicio educativo superior universitario, lo que exige autorización previa.

Esta sanción reafirma el papel de la Sunedu como ente regulador de la educación superior universitaria en el Perú. La decisión de la Sunedu subraya su compromiso de garantizar que las instituciones educativas cumplan con las normas de licenciamiento y que ofrezcan programas de calidad. La confirmación de la sanción demuestra que la Sunedu está vigilante en la supervisión de las instituciones educativas y su apego a la normativa.

La sanción a la AMAG tiene varias implicaciones importantes para la regulación educativa peruana:

Primero, subraya la necesidad de autorización para programas de posgrado. Cualquier institución que ofrezca servicios educativos de nivel superior universitario en el Perú, incluyendo programas de posgrado, debe obtener la autorización correspondiente de la Sunedu para operar legalmente.

Segundo, la decisión de la Sunedu establece que las instituciones no pueden eludir su responsabilidad en la prestación de servicios educativos, incluso si se realizan en colaboración con instituciones extranjeras. La participación activa en aspectos como la convocatoria, matrícula, difusión, cronograma y uso de la infraestructura propia se considera como prestación del servicio educativo superior universitario, lo que requiere autorización previa.

Tercero, la Sunedu busca proteger a los estudiantes asegurando que las instituciones educativas cumplan con las normas de licenciamiento. La sanción a la AMAG es un ejemplo de cómo la Sunedu busca garantizar la calidad educativa y proteger a los estudiantes de programas que no cumplen con los estándares legales.

La AMAG argumentó que el procedimiento sancionador estaba prescrito, pero la Sunedu determinó que el plazo legal para sancionar la segunda edición del programa no había vencido al momento del inicio del PAS. Esto subraya que la Sunedu está atenta al cumplimiento de los plazos legales para la aplicación de sanciones.

El Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) fue iniciado por la antigua Dirección de Fiscalización y Sanción de la Sunedu en junio de 2024. La AMAG presentó un recurso de reconsideración, que fue declarado infundado por la Sunedu mediante la Resolución del Consejo Directivo N°0002-2025-SUNEDU/CD.