Rómulo Mucho, asumió el cargo de ministro de Energía y Minas, a pesar de que, según la normativa vigente, se encontraba impedido legalmente para hacerlo, asegura la Fiscalía. Este hecho ha llevado a la presentación de una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso de la República, señalándolo como presunto autor del delito de aceptación indebida de cargo, en perjuicio del Estado.

De acuerdo con el documento, el impedimento legal radica en que, hasta horas antes de su juramentación, Mucho Mamani ocupaba el puesto de gerente general y poseía el 63 % de las acciones de la empresa Pevoex Contratistas S.A.C., una entidad cuya actividad está directamente vinculada al sector minero. Este vínculo empresarial habría generado un conflicto de intereses, contraviniendo lo estipulado en la Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 082-2023-PCM.

La normativa mencionada establece que los funcionarios públicos deben evitar cualquier situación que comprometa la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, especialmente cuando existen intereses económicos o empresariales que puedan influir en la toma de decisiones. Según la Fiscalía, al aceptar el cargo ministerial sin haber renunciado previamente a su posición ni haber transferido sus acciones, Mucho Mamani habría infringido el artículo 5 de dicha ley y el artículo 11 de su reglamento.

De acuerdo con la información proporcionada, la Fiscalía de la Nación recibió la denuncia formulada por el congresista Jaime Quito y la remitió al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, donde se abrió una carpeta fiscal para investigar los hechos. Posteriormente, mediante la disposición fiscal N.º 2, se ordenó el inicio de diligencias preliminares contra Mucho Mamani, quien es señalado como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de aceptación ilegal de cargo público. Este proceso incluye la recopilación de documentación relevante y la realización de diversas diligencias para esclarecer los hechos.

Como se recuerda, el parlamentario presentó la denuncia tras un informe de la Contraloría General de la República que identificó ciertas irregularidades en los documentos presentados por el entonces titular de la cartera de Energía y Minas. Entre ellas, no haber declarado su participación accionaria y la de su esposa en al menos cinco empresas, entre las que destacan Perforación, Voladura y Excavaciones del Perú S.A.C. y Coorporación Merzenich S.A.C.