SEGÚN CONTRALORÍA

El ente de control identificó que se aceptaron cartas fianzas inejecutables, lo que impidió que se pueda recuperar la inversión tras nulidad de contrato de obra de saneamiento.

La aceptación de cartas fianza (garantía de fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de materiales) inejecutables generó a la Empresa Prestadora de Servicios de Ilo (EPS Ilo) un perjuicio económico de S/ 2 303 240. Ello como parte de la obra de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar Parte Alta.

Así lo dio a conocer la Contraloría General, que identificó irregularidades en el proceso.

Estos documentos fueron aceptados por la Oficina de Logística y Control Patrimonial sin verificar el cumplimiento de la normativa vigente. De acuerdo al informe de Control Específico N° 062-2024-445-SCE, los servidores no corroboraron que las entidades emisoras de las cartas fianza tuvieran clasificación de riesgo B o superior, el cual es un requisito necesario para su validez.

En lugar de contrastar la información con fuentes oficiales como el portal web o el correo oficial de las cooperativas de ahorro y crédito, así como de la página de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, los funcionarios solo verificaron la información a través del correo electrónico consignado en los documentos.

A ello se suma que la empresa desembolsó pagos por adelanto directo y adelanto de materiales a la empresa contratista.

Estas garantías inejecutables impiden que la EPS Ilo obtenga una indemnización por la no renovación de las cartas fianzas o el abandono de la obra. En ese sentido la entidad no pudo recuperar el monto luego que se anulara el contrato, lo que generó la pérdida de los más de S/ 2 millones.

El informe de control, señala presunta responsabilidad penal y/o administrativa en tres servidores de la EPS Ilo. Mientras tanto, la obra permanece paralizada, afectando a 2 794 pobladores de la ciudad.

La Contraloría recomendó a la empresa de saneamiento efectuar el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos observados.

Además, se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción iniciar las acciones penales contra los involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad.