El peor Congreso de nuestra historia
Por Darío Enríquez
Cada Congreso elegido en los últimos 25 años por voluntad popular ha sido llamado «el peor de la historia». Se repite mañana, tarde y noche, sin medida ni clemencia. Debe ser que el rencor hiere menos que el olvido. Debemos aclarar, desde el principio, que resulta indefendible el accionar de muchos congresistas. Tanto en el ámbito de sus funciones como en vergonzosos casos privados, lesionan cuestiones elementales tanto a nivel moral como legal.
El Congreso como institución, es el representante claro e indiscutible de la voluntad popular. Sustentaremos este principio en breve. Para empezar, veamos como estamos ahora con los otros dos poderes del Estado.
El Poder Ejecutivo es ejercido por el movimiento político que ganó las elecciones con algo más de la mitad de votos. No hay allí más pluralismo ni representatividad que los definidos y encuadrados por los políticos en el poder. Casi la mitad de los ciudadanos quedan sin expresión directa de su voluntad. Si la elección fue en segunda vuelta, es probable que en la primera ronda, el ganador final haya obtenido apenas un tercio o menos de la votación. En las últimas elecciones del 2021, ninguno de los dos partidos en segunda vuelta alcanzaron siquiera 25% de los votos en la primera.
Por su lado, el Poder Judicial –desde siempre en nuestra fallida república– no representa a nadie en forma directa y su representatividad indirecta se ha hecho demasiado enredada: la selección de sus miembros pierde toda traza de voluntad popular y más bien se presta a manipulaciones y corruptelas de grupos ajenos al Estado, disputando su control. Por ello, se trata del espacio público con mayores índices de corrupción desatada y cotidiana. No hay más que decir.
El Congreso si muestra la pluralidad de los votos en primera vuelta. Nos guste o no, el Poder Legislativo es lo que más y mejor nos representa dentro de nuestra imperfecta, defectuosa y difusa democracia. En el extremo, sus miserias no son diferentes a las que fácilmente encontramos por doquier en nuestra sociedad. Esto no implica impunidad para aquellos congresistas que cometen delitos, como tampoco pueden ser impunes los representantes de los poderes ejecutivo y judicial. Todo servidor público debe rendir cuentas por lo moral, por lo civil y por lo penal, si fuera el caso.
En mayo del 2021 elegimos el último Congreso y ya en agosto del 2021, con apenas 90 días de haber sido elegidos y solamente 30 días en ejercicio de sus funciones, tenía aprobación mínima y se le llamaba “el peor de la historia”. Debe ser que tenemos también los peores ciudadanos de la historia, pues eligen tal Congreso. Sobre todo, los peores reformadores del sistema político-electoral de la historia, todo malo y pésimo, aunque ofrecieron el oro y el moro con su “que se vayan todos”.
En efecto, en setiembre del 2019, con el golpe de Martín Vizcarra y Salvador Del Solar, “se fueron todos”. Entraron en vigor reformas que nos harían llegar al paraíso político electoral, para convertirnos en una Suiza con playas y picarones. Al final, el único paraíso fue para los consultores (falsos) politólogos que llenaron sus bolsillos con dinero estatal (dinero ciudadano) y entregaron un gran adefesio como nuevo modelo político-electoral. Las reformas electorales fueron peor que mediocres (referéndum de por medio), produciendo un sistema electoral espantoso. También los electores dejan mucho que desear, con preferencias que rayan en lo estrambótico, cuando no en el suicidio sociopolítico. Entonces, no sorprende que los resultados sean los que sufrimos la mayoría de peruanos. Salvo los “enchufados” con los “poderes” de turno.
