A pesar del trabajo de la actual gestión, las controversias limítrofes interregionales no parecen tener una solución a la vista. Mientras la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) gestiona el conflicto con Ica, la Oficina de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no reporta avances significativos en los límites con Moquegua y Cusco, disputas que llevan varios años sin resolverse.

«Antes era necesario definir todo el perímetro para aprobar un límite, pero ahora se puede avanzar por tramos en los que haya consenso entre las autoridades. (…) Los límites con Ayacucho están resueltos al 100 %; con Ica aún falta definir el tramo Lomas-Marcona, que quedó a cargo de la PCM. Con Puno estamos trabajando en un trifinio. Necesitamos coordinar fechas y espero que podamos avanzar», señaló la jefa de Acondicionamiento Territorial, Luz María Torres Tejada.

Aunque la PCM tiene a su cargo el conflicto con Ica, las controversias con Cusco (Cayarani-Pulperas Condes) y Moquegua (Salinas Huito-Santa Lucía-Salinas Moche) no muestran avances concretos. Torres Tejada argumentó que los cambios en los grupos de trabajo y en las jefaturas de Demarcación Territorial de los gobiernos de las regiones vecinas habrían retrasado los procesos.

En cuanto a los límites distritales, el Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de Caylloma tiene un 70 % de avance. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto busca realizar el EDZ de Arequipa y, mientras tanto, se prioriza la firma de actas de demarcación. Ya se lograron acuerdos entre Santa Isabel de Siguas y Vítor, pero persisten discrepancias en los límites entre Socabaya, Yarabamba, Characato y Sabandía. Además, esta semana se inspeccionará la zona de Puyca-Huaynacotas para abordar los conflictos limítrofes en La Unión.

Desde 2006, la Oficina de Acondicionamiento Territorial asumió funciones transferidas del GRA y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Para el 2025, proyecta un presupuesto anual de S/ 1 millón 121 mil, con S/ 100 mil mensuales. En años anteriores se realizaban evaluaciones técnico-legales, pero muchas actas firmadas hace más de una década no se concretaban en una ley. La actual gestión busca agilizar estos procesos.