Tras ser censurado por el Consejo Regional de Arequipa (CRA), Iván Prado Barreto interpuso medidas judiciales para continuar al frente de la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM). Su defensa se sustenta en que el Legislativo regional no tiene facultades para interpelar ni censurar gerentes. Desde el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) indicaron que no intervendrán hasta que el Poder Judicial emita un pronunciamiento.

El jueves 6 de marzo, el pleno del CRA llevó a cabo la interpelación contra Prado Barreto, alegando que su reiterada falta de colaboración—al no acudir a la citación—constituía un desacato a las funciones del Legislativo regional. Con los votos necesarios, otorgaron al GRA un plazo de cinco días hábiles para acatar la censura, el cual venció el jueves 13 de marzo. No obstante, el funcionario sigue en su cargo.

Anteriormente, el GRA presentó un informe de Asesoría Jurídica argumentando que la interpelación y censura del CRA carecían de sustento legal y vulneraban la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Sin embargo, la postura cambió. «No podemos tomar ninguna acción mientras no se agote la medida judicial. El ingeniero Iván Prado ha judicializado el proceso. La Constitución es clara: no podemos intervenir hasta que haya un fallo final del Poder Judicial», señalaron desde Gobernación.

Además, el gobernador regional, Rohel Sánchez, reafirmó su respaldo al directorio de gerentes regionales. Como resultado, funcionarios como Fernando Mejía Vargas, denunciado por presuntas irregularidades en la contratación de locadores en la Gerencia Regional Ambiental, y Duberly Otazú García, acusado de anomalías en el pago de proveedores de los Festiagros 2024, continuarán ocupando sus cargos.