Por: Graciela Muñiz – Economista principal del Consejo Privado de Competitividad

PERÚ COMPETITIVIDAD

El 15 de marzo se aprobó la Ley 32260, que reconoce y premia a los deportistas medallistas en competencias internacionales y, de manera excepcional, dicta medidas de carácter presupuestal. Entre dichas medidas excepcionales, se autorizó un nuevo incremento salarial para el sector Educación.

Aunque la Ley de Presupuesto para el año 2025 ya contemplaba S/ 599 millones para dicho fin, la reciente norma eleva este monto a S/ 1 087 millones y establece que el aumento salarial se ofrecerá en dos tramos, uno en marzo y otro en noviembre. La aprobación de esta ley coincide con el inicio del año escolar en las escuelas públicas, que comenzó el 17 de marzo.

En este contexto, una encuesta de Datum para El Comercio revela que el 52 % de las familias considera que la calidad de la enseñanza en los colegios públicos ha empeorado durante el actual gobierno. Además, el 41 % opina que dicha calidad es mala, cifra que aumentó 13 puntos porcentuales respecto al año anterior (34 %). Esta percepción contrasta con la que se tiene sobre las escuelas privadas, donde solo el 8 % considera que ofrecen una educación de mala calidad. Respecto al nivel de preparación de los docentes, solo el 23 % de las familias percibe que es bueno en las escuelas públicas (este resultado muestra un retroceso frente al 2024, cuando el 30 % valoraba positivamente la preparación docente en el sistema público) frente al 61 % que opina lo mismo de los colegios privados.

La percepción ciudadana encuentra respaldo en los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2023. Según esta evaluación, el 77,5 % de los estudiantes de 4º grado de primaria no alcanzó las competencias mínimas esperadas en Matemática, un retroceso considerable respecto al 2022 (67,7 %).

Los aumentos salariales a los docentes del sistema público no son recientes. Desde 2017, el salario base ha aumentado anualmente, pasando de S/ 2 000 a S/ 3 100 en 2024, un incremento del 55 % en siete años. Esto se ha traducido en un crecimiento de 81,3 % en el gasto de planillas del sector, que ha aumentado en S/ 10 070 millones en el mismo periodo.

Si bien aún no se ha publicado oficialmente el monto del nuevo aumento, diversos medios informan que sería de S/ 400, lo que elevaría el salario base a S/ 3 500. Considerando la estructura salarial de ocho escalas, los docentes de la octava escala podrían alcanzar S/ 7 345, sin incluir las asignaciones adicionales por laborar en condiciones especiales (como zonas rurales o escuelas unidocentes). De confirmarse el monto de este incremento, el Consejo Privado de Competitividad estima que, para el 2026, la continuidad de dicho incremento equivaldría aproximadamente a S/ 2 300 millones en el presupuesto de planilla del sector educación.

Frente a este escenario, surgen dos preocupaciones centrales. La primera es inmediata: ¿cómo se financiará este gasto público adicional? Perú enfrenta ya una situación fiscal compleja, marcada por un crecimiento moderado de los ingresos y un incremento sostenido del gasto público. Continuar elevando el gasto en planillas implica asumir compromisos permanentes que limitan nuestra capacidad de respuesta ante imprevistos —como desastres naturales, pandemias o crisis económicas globales—, momentos en los que es crucial contar con márgenes fiscales y capacidad de ahorro.

No obstante, la segunda preocupación es la más importante y es respecto al retorno de esta inversión en educación. Para ilustrarlo: ¿matricularíamos a nuestros hijos en un colegio costoso sin tener la garantía de que aprenderán a leer o resolver operaciones básicas? Como familias, cuando hacemos una inversión importante en educación, es un esfuerzo económico que realizamos con la expectativa de un futuro mejor para nuestros hijos.

Lo mismo aplica a nivel país. Si el Estado decide invertir más en el sector Educación, los ciudadanos esperamos que esa inversión se refleje en una enseñanza de mayor calidad, que abra más y mejores oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Subir el sueldo a los docentes no es una mala decisión en sí misma —al contrario, puede ser una herramienta poderosa de transformación—, pero es una mala inversión si no viene acompañada de compromisos claros y medibles con la mejora del aprendizaje estudiantil.

El país está haciendo su mayor esfuerzo presupuestal para retribuir a los maestros, pero ese esfuerzo debe venir con resultados. Una mejor remuneración debe corresponderse con una mejor educación. De lo contrario, estaremos hipotecando recursos valiosos sin asegurar el futuro que nuestros estudiantes merecen.

Invertir más en educación no basta. Lo esencial es que esa inversión rinda.