Por Rocío Velazco C. Fotos: Zintia Fernández L.

Este año, la Corte cumple 200 años. Autoridad se compromete a coordinar acciones contra inseguridad. El doctor Nicolás Iscarra Pongo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, muestra preocupación por el incremento de la inseguridad y hace un llamado a las autoridades para dar una respuesta oportuna a este problema. Asimismo, reveló los retos asumidos durante su gestión para dar mayor celeridad a la administración de justicia y las celebraciones por el bicentenario.

CELERIDAD ES EL RETO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

-Doctor, hace casi 3 meses asumió el cargo, ya se realizó una evaluación, ¿cuáles son las prioridades en su gestión?

Sí, en efecto, ya ha transitado un tiempo razonable y hemos hecho una evaluación de la situación. El principal problema de la Corte es el que todos conocemos: la celeridad.

Precisamente en esa línea, estamos implementando medidas para reducir el tiempo de espera y mejorar las respuestas de los juzgados.

 ¿Qué medidas se están tomando para solucionar este problema?

Se está impulsando la oralidad en algunas áreas de nuestra Corte, específicamente en el área Civil y en Familia.

También estamos promoviendo la generación del expediente general histórico constitucional y la corporalización de ciertas áreas, lo que permitirá una mejor organización y acceso a la información judicial.

-La experiencia nos indica que la implementación de estas medidas ha favorecido la reducción de tiempos. Sin embargo, aunque las gestiones anteriores han mostrado una disminución en los plazos, aún no es suficiente. La población todavía no percibe un verdadero cambio, pues los tiempos de espera siguen siendo significativos.

Así es, para nosotros, cualquier reducción de tiempo en cualquier área es fundamental, y estamos completamente abocados a ello.

-En ese sentido, ¿qué otras acciones se están tomando para mejorar la celeridad en los procesos?

En el ámbito de la oralidad, también queremos reducir la cantidad de sesiones que se llevan a cabo en cada proceso. La falta de celeridad sigue siendo el mayor problema en la administración de justicia, por lo que buscamos implementar estrategias que optimicen los procedimientos sin afectar el debido proceso.

-¿Cuáles son esas medidas concretas que se van a adoptar para reducir estos tiempos que beneficiarán al litigante?

Cada área tiene factores específicos que generan retrasos en los procesos. Por ejemplo, en el ámbito civil, la oralidad se ha impulsado en dos etapas relacionadas con la obligación procesal. Este tramo es clave para entender cómo se pueden optimizar los tiempos y mejorar la eficiencia en la administración de justicia.

-Doctor Iscarra,  en el ámbito civil no hubo una variación en el marco normativo. ¿Cómo afecta esto la implementación de mejoras en la celeridad procesal?

Es cierto, el Código Procesal Civil no ha sido modificado, a pesar de que ya se ha presentado un proyecto al respecto de manera oficial. Sin embargo, con la normativa vigente, tenemos que adaptarnos y buscar soluciones dentro de su marco.

-¿Se han identificado avances o desafíos en este proceso de adecuación?

Sí, algunos problemas tradicionales ya han sido identificados y ajustados a la realidad actual. Pero esto requiere un nuevo impulso, porque las prácticas procesales han ido perdiendo uniformidad, lo que ha generado nuevamente demoras.

-¿Qué otros procedimientos se incluirían en este esfuerzo de modernización?

Este tercer tramo incluiría algunos procedimientos de los juzgados de paz letrados. Por eso, hemos mantenido reuniones con los jueces de estos órganos para que se sumen a este proyecto de oralidad y así seguir avanzando en la reducción de tiempos en la administración de justicia.

-Ha mencionado que la reducción de tiempos en los procesos judiciales se materializa de forma progresiva y, en algunos casos, puede ser imperceptible al inicio. ¿Cómo se está abordando este desafío?

La reducción de tiempos es un proceso progresivo. Por ejemplo, una de las áreas en las que hemos previsto mejoras es el área Penal. Actualmente, uno de los problemas que enfrentamos es la excesiva cantidad de información que introducen las partes en los procesos. Muchas veces, no se hace una depuración adecuada, lo que genera demoras innecesarias.

– ¿De qué manera afecta esto al desarrollo de los procesos?

Esto provoca que se realicen demasiadas sesiones por audiencia, lo que dilata los tiempos procesales. Hemos realizado verificaciones y, como parte de la solución, estamos sosteniendo reuniones con los jueces para que promuevan entre las partes una mejor selección y organización de la información y pruebas presentadas. Esto permitirá procedimientos más ágiles.

¿Cómo se medirá el impacto de estas medidas en el servicio a la ciudadanía?

Vamos a realizar mediciones cada tres meses para evaluar el avance. Sin embargo, también llevamos a cabo mediciones constantes, trabajando directamente con cada juzgado. Analizamos cuáles son los procesos que más se demoran, identificamos los problemas específicos y, dentro de las limitaciones presupuestarias, implementamos medidas concretas para agilizar la respuesta.

En cuanto a cifras, ¿cuál es el sector o área que presenta mayores problemas en cuanto a retrasos?

La situación es variable, pero actualmente tenemos un retraso significativo en el área del juzgado de paz letrado de 15 de Agosto, que maneja una gran carga laboral. Incluso, los trabajadores están dedicando más tiempo del que deberían, lo cual no es lo ideal, pero refleja su compromiso con la labor judicial.

¿Se ha tomado alguna medida para aliviar esta sobrecarga?

Por esta razón se ha creado un juzgado de paz letrado transitorio, con el objetivo de reducir la carga y mejorar los tiempos de respuesta en la administración de justicia.

 – ¿Qué otras zonas presentan problemas de carga procesal?

También tenemos dificultades en Camaná, donde la carga judicial es bastante considerable. Por esta razón, el Consejo Judicial ha dispuesto que un juzgado de violencia se traslade temporalmente a esa zona. Se realizan verificaciones constantes para identificar estas descompensaciones, ya que algunos órganos judiciales tienen una carga significativamente mayor en comparación con otros.

– ¿Se están considerando herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia?

Sí, tenemos mucho interés en implementar herramientas de inteligencia artificial para optimizar los procesos judiciales. La tecnología puede ayudarnos a gestionar de manera más eficiente la carga procesal y reducir los tiempos de respuesta. Ese es el camino hacia el futuro, y estamos comprometidos en avanzar en esa dirección.

-Doctor, mencionó que están en proceso de adquisición de componentes para la implementación de SAP. ¿A qué tipo de equipamiento se refiere?

Sí, estamos en la adquisición de equipos de cómputo y adecuación de espacios físicos para implementar el sistema SAP. Es un requerimiento de mayor exigencia que lo que normalmente se maneja a nivel doméstico, pues necesita una infraestructura robusta para su correcto funcionamiento.

-¿Hay un plazo estimado para su implementación? ¿Se espera que esté operativo antes de fin de año?

En el ámbito laboral, el proyecto ya está bien avanzado. Estimamos que antes de mediados de año estará en funcionamiento, facilitando la elevación de actuados en esta área. En cuanto a la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, no puedo dar una fecha exacta, ya que no queremos generar expectativas que luego no se puedan cumplir.

-Tengo entendido que hay una primera obra a nivel nacional que beneficia al Poder Judicial bajo el sistema de obra por impuestos en Cerro Colorado.

 Así es. Este mecanismo es una línea importante de inversión, ya que uno de los principales problemas que enfrentamos es la seguridad y la brecha de infraestructura.

La brecha de infraestructura es bastante llamativa. Hay un fuerte nivel de hacinamiento y el Poder Judicial gasta grandes sumas en alquileres de locales que podrían ser administrados de manera más eficiente.

Además, muchos de los inmuebles que utilizamos no fueron diseñados para albergar cortes ni brindar atención al público. En varios casos, funcionan en antiguas viviendas o edificaciones que no cuentan con accesibilidad adecuada ni con condiciones óptimas para el resguardo de documentación.

– ¿En qué estado se encuentra este proyecto?

Ya se realizó la entrega del terreno y se han cumplido con los trámites correspondientes. Tenemos expectativas de que la construcción se inicie en los próximos dos meses.

SEGURIDAD

-La seguridad es un tema que preocupa a toda la ciudadanía. ¿Cómo está respondiendo el Poder Judicial frente a esta situación?

Desde nuestro ámbito, consideramos que la administración de justicia ha dado respuestas claras cuando ha sido necesario. Ha habido sentencias drásticas y llamativas en casos donde la gravedad lo ameritaba.

El Poder Judicial es parte fundamental del Estado y, por lo tanto, tiene un rol clave en la preservación del orden y la seguridad. Si no hay una administración de justicia firme y eficaz, incluso la democracia puede verse amenazada.

-Desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor desafío en la lucha contra la delincuencia?

Un punto clave es la calidad de la información que ingresa a los procesos judiciales. Dependemos de que los órganos persecutores del delito, es decir, la Fiscalía y la Policía, nos proporcionen información adecuada y bien sustentada.

Nuestros jueces toman decisiones basadas exclusivamente en lo que se presenta en el expediente. A veces, la prensa o la opinión pública manejan más información que la que está formalmente en el proceso, lo que puede generar percepciones de que algunas decisiones no son comprensibles a primera vista.

¿Qué se está haciendo para mejorar la coordinación con las autoridades que tienen que ver en la lucha contra la delincuencia?

Estamos trabajando en capacitaciones dirigidas a la Fiscalía, la Policía y otros operadores del sistema de justicia. Buscamos que comprendan bien cuáles son los criterios y exigencias de un proceso judicial para que los casos sean debidamente sustentados.

Es importante que quienes persiguen el delito sepan qué tipo de pruebas y argumentos se necesitan para lograr una condena efectiva. Solo así podemos garantizar que las decisiones judiciales sean sólidas y respaldadas por pruebas contundentes.

-Algunos sectores critican que se dictan prisiones preventivas con demasiada facilidad. Otros, en cambio, reclaman que no se sanciona adecuada y oportunamente.

Nos enfrentamos constantemente a críticas desde ambos lados. Hay quienes dicen que aplicamos la prisión preventiva demasiado fácilmente, y otros que sostienen que no somos lo suficientemente severos.

En realidad, cada juez toma su decisión en base a la información que tiene en el proceso. No se trata de aplicar penas arbitrariamente, sino de evaluar caso por caso. Lo que sí pedimos es coherencia por parte del poder político, ya que a veces se promueven normas contradictorias.

Por un lado, se exige que el Poder Judicial sea más severo con los delincuentes, pero al mismo tiempo se promueven normas para el deshacinamiento penitenciario. Esto genera un mensaje contradictorio sobre qué es lo que realmente se espera del sistema de justicia.

-¿Qué se necesita para mejorar la lucha contra la delincuencia desde el ámbito judicial?

La seguridad ciudadana requiere que el Poder Judicial brinde respuestas claras y contundentes. Pero esto no depende solo de nosotros. Se necesita un trabajo coordinado con la Fiscalía, la Policía, la Defensa Pública y las Procuradurías.

Nosotros estamos en constante comunicación con estas entidades, porque entendemos que todos debemos aportar para garantizar una convivencia pacífica. La lucha contra la delincuencia es una tarea de todo el sistema de justicia, y estamos comprometidos en ese esfuerzo.

BICENTENARIO

-Este año la Corte Superior de Justicia de Arequipa cumple 200 años.

Sí, en junio de este año nuestra Corte cumple 200 años desde su instalación. Para nosotros es un momento muy significativo, porque esta institución ha sido parte fundamental de la tradición y la historia de Arequipa.

Sabemos que Arequipa es considerada la capital jurídica del país, y ese posicionamiento se ha ganado con el tiempo, con el esfuerzo de generaciones de juristas y magistrados. Queremos que la comunidad también se sienta parte de esta celebración.

CIFRAS

El 2024 la carga total fue de 364 781 expedientes. En trámite ascendente a 171 966 expedientes (el 47.14 % de la carga total) y una carga en ejecución ascendente a 192,815 expedientes (el 52.86 % de la carga total) y una producción de 114 602 expedientes resueltos.