Presidenta Dina Boluarte con poco respaldo.

El gobierno de Dina Boluarte enfrenta su momento más crítico tras la destitución del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, censurado por el Congreso debido a su fracaso en combatir la creciente criminalidad.

Este hecho no solo evidenció la fragilidad del Ejecutivo, sino que también sirvió como detonante para una oleada de protestas masivas que el 21 de marzo sacudieron Lima y diversas regiones del Perú.

La ciudadanía, harta de la gestión gubernamental, salió a las calles con una consigna clara: exigir cambios inmediatos y el fin de un régimen que consideran ilegítimo.

Las exigencias no solo apuntan a la renuncia de Boluarte, sino también a una transformación estructural que rompa con el modelo de gobernabilidad basado en pactos de conveniencia.

A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en el poder, la dignataria enfrenta un respaldo cada vez más frágil, mientras la presión sobre su gestión sigue en ascenso. Las calles continúan agitadas con protestas y movilizaciones, y su permanencia a largo plazo parece insostenible.

En este contexto, la opción de un adelanto electoral gana terreno, aunque persiste la incertidumbre sobre si este escenario traerá el cambio profundo que amplios sectores del Perú exigen.