Recursos se entregarán independientemente de la complejidad del caso.

El Congreso de la República puso un tope de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para la defensa legal de legisladores, exparlamentarios, funcionarios y exfuncionarios de ese poder del Estado.

Así se estableció el pasado 11 de marzo en la sesión de la Mesa Directiva del Parlamento correspondiente al período anual de sesiones 2024-2025.

“Establecer un tope máximo general de 8 UIT al beneficio de la contratación de defensa legal a favor de congresistas, excongresistas, funcionarios y exfuncionarios del Congreso, aplicable independientemente de la complejidad o las etapas del proceso”, se indica en el acta de sesiones.

De acuerdo con el documento, se entregará, por el servicio de defensa legal, inicialmente un 35 % por el primer entregable, que corresponde al informe de evaluación del caso en etapa preliminar.

Luego, el 15 % por el segundo entregable, que corresponde al informe detallado de las acciones realizadas por el letrado y al término de las indagaciones preliminares, previa emisión de la respectiva resolución de sobreseimiento o de formalización de la denuncia.

Más adelante, otra entrega del 25 % por el tercer entregable, correspondiente al informe de las acciones a realizar en el juicio iniciado al funcionario, y finalmente el 25 % restante, junto con un informe de las acciones que originaron la resolución que pone fin al procedimiento.

“Los pagos de las defensas legales se realizarán previo informe detallado que acredite la labor realizada por el abogado designado por el funcionario”, se señala.

En la misma sesión, se acordó aprobar la solicitud para la defensa del parlamentario Luis Cordero Jon Tay, a quien la Fiscalía investiga por los presuntos delitos contra la administración pública, cohecho activo específico y cohecho pasivo impropio.

La misma decisión se tomó en el caso de la congresista Patricia Chirinos Venegas, quien es investigada por el presunto delito de peculado doloso agravado, y de Hilda Portero López, a quien se le acusa de haber cometido los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

SIN LÍMITES

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular),señaló que la decisión se tomó porque la norma no establece límites para este tipo de defensas legales.

“Hemos establecido en la Mesa Directiva del Congreso un tope porque creemos que tampoco puede haber un dispendio, un gasto sin límites, porque en realidad el Estado no pone límites. Es decir, la propia norma no pone límites para la defensa”, sostuvo la parlamentaria.

Juárez añadió que la disposición se originó debido a los exagerados pedidos de ciertos parlamentarios.

“Ha habido algunos pedidos de congresistas, en muchos de los casos, que iban más allá de cifras que parecían razonables. Entonces, sí se ha establecido en la Mesa montos y también se han establecido oportunidades de pago, es decir, porcentajes, de tal manera que, si hay un proceso o una investigación que termina simplemente en la Fiscalía, solo se paga una parte del monto que solicita el congresista”, dijo.