Tras recibir la denuncia de opositores al proyecto minero Tía María, el Ministerio Público (MP) inició una investigación fiscal contra el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, y tres funcionarios de su gestión por presunta omisión de actos funcionales relacionados con terrenos ocupados por la empresa Southern Peru.

Según la denuncia, la actual administración del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no habría tomado medidas para recuperar terrenos en Pampas de Cachendo, ubicados en la provincia de Islay.

Anteriormente, opositores al proyecto Tía María presentaron una denuncia penal contra Sánchez y tres funcionarios del GRA, acusándolos de no haber actuado para recuperar los predios ubicados entre los distritos de Cocachacra y Mejía. Tras la notificación del 13 de marzo de 2025, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa derivó la investigación a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado.

Además del gobernador Rohel Sánchez, la investigación del Ministerio Público involucra a Luz María Torres Tejada, jefa de Acondicionamiento Territorial; Víctor Hugo Quispe Rodríguez, jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y Norma Mamani Coila, exgerente general del GRA. Según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estos funcionarios tenían la obligación de dirigir la ejecución de los planes regionales y velar por su cumplimiento, precisa el documento fiscal.

La carpeta fiscal detalla seis presuntas omisiones del GRA. La primera señala que los funcionarios no realizaron las acciones necesarias para inscribir la Resolución Gerencial General Regional N° 150-2018-GRA/GGR en la SUNARP, ocultando la entrega del predio a Southern Peru ante entidades interesadas. La segunda indica que Southern no habría cumplido la cláusula séptima del acta de entrega-recepción de 1,137.2774 hectáreas en Pampas de Cachendo, la cual establece obligaciones de pago por servicios, mantenimiento y tributos, sin que los denunciados tomaran medidas para garantizar su cumplimiento.

Las cuatro omisiones restantes detallan que los funcionarios investigados no ejecutaron acciones administrativas para recuperar dos terrenos (208.74 ha y 51.38 ha) bajo administración del GRA, pese a que la servidumbre otorgada a Southern Peru Copper Corporation para Tía María no eximía la obtención de los permisos necesarios.

Desde 2016, Pampas de Cachendo es considerada un área frágil. Aun así, en 2018, la gestión de Yamila Osorio otorgó a Southern una servidumbre de 49 ha por 21 años a cambio de S/ 948 mil. En 2019, en medio de protestas, el entonces gobernador Elmer Cáceres Llica anuló la servidumbre y exigió la devolución del terreno, argumentando que estaba protegido por el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, Southern presentó una Acción de Amparo en Lima y obtuvo un fallo a su favor.