Representante de la Asociación La Joya Esperanza, Juan Carlos Ávalos.

La minería ilegal y la trata de personas son las actividades que más afectan al país. Del 2023 al 2024, la Fiscalía reportó unos 5 125 casos de trata personas. No obstante, se estima que este problema involucra a más de 89 mil víctimas al año, de las cuales, casi 27 mil serían niños (as) y adolescentes. Frente a este problema, Paúl Rodríguez, gerente general del Grupo La Joya Mining, resaltó la necesidad de impulsar la formalización minera.

Rodríguez lamenta que en 20 años no se haya logrado formalizar ni el 5 % de los casi 87 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), aunque según las investigaciones realizadas junto a dos universidades, en Perú hay 500 mil mineros artesanales.

“Los esfuerzos no son suficientes o los instrumentos no son los adecuados”, señaló. Considera que debe haber un marco que permita a los más de 500 mil mineros tener las posibilidades para formalizarse.

La empresa trabaja con más de mil mineros artesanales, en proceso de formalización. Rodríguez precisa que deben cumplir con todos los requisitos que les autorice ser proveedores de minerales. Si les falta algún documento lo descartan.

En esa línea espera que el Gobierno encuentre una salida viable, que la ley que reemplazará el Reinfo, esté lista y contenga todos los mecanismos y que no les coloquen una valla demasiada alta, que no puedan alcanzar, para lograr la formalización.

“El impacto que la minería artesanal tiene en el Perú es muy grande porque hay trabajadores en planilla, pago de impuestos y genera toda una cadena de proveedores y distribuidores”, acotó.

ATENCIÓN DE VÍCTIMAS 

Además de la minería ilegal, la trata de personas es otro problema grande que afecta al país, el cual fue evidenciado por Robin Kathuria, fundador del Grupo La Joya Mining, cuando fue a recorrer diferentes sectores de Perú.

Ver la explotación y trata de niños lo impulsó crear el Centro de Acogida Residencial (CAR) San José, de la Joya, el cual acoge a 60 menores afectados por la minería ilegal y diversas formas de abuso y  maltrato.

La empresa invirtió 6 millones en la infraestructura y equipamiento del lugar y destina casi 3 millones al año para su mantenimiento, según dio a conocer Juan Carlos Ávalos, representante de la Asociación La Joya Esperanza, que pertenece a la Joya Mining.

“El objetivo es salvar niños y recuperar vidas”, declaró. Hasta el momento, siete de los niños albergados ya fueron reinsertados con sus familias.

Ávalos contó que conoció a dos menores que, cuando llegaron, no podían hablar, pero cuando lograron comunicarse, les informaron sobre una hermana que también estaba en problemas y a la que pudieran rescatarla.

Este caso, los llevaron a crear el Centro de Atención y Recuperación Especializada (CARE), que tiene por objetivo brindar apoyo integral a niñas, hasta los 14 años, rescatadas de trata de personas. Actualmente alberga a cinco menores.

La Asociación La Joya de Esperanza busca crear al menos dos nuevos CAR y -aunque todavía no está definido- estos podrían estar ubicados en las regiones de Ayacucho y Trujillo, donde la empresa también tiene una zona de influencia.

En tanto, Robin Kathuria espera que al menos 20 empresas se comprometan a financar más casas seguras.