Para cerrar estas brechas se requieren políticas integrales. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres en el país persiste. Según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), la brecha de ingresos alcanzó el 27.2 % en 2024, cifra superior al nivel registrado en 2019 (27.0 %) y solo ligeramente menor al de 2004 (33.7 %).

SEGÚN IPE

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el año pasado las mujeres percibieron en promedio S/ 1 536 mensuales, mientras que los hombres ganaron S/ 2 109, lo que equivale a una diferencia de S/ 573. Las mayores brechas se registraron en Arequipa (42.4 %), Moquegua (40.4 %) y Cajamarca (38.4 %). En contraste, regiones como Loreto cerraron su brecha, y Amazonas (8.3 %) y Madre de Dios (20.4 %) presentaron las menores desigualdades.

El IPE advierte que la persistencia de factores estructurales en el mercado laboral explica la lenta reducción de la brecha de género. Mientras ocho de cada diez hombres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, solo seis de cada diez mujeres lo hacen. Además, la informalidad afecta más a las mujeres (72 %) que a los hombres (64 %), y apenas 42.8 % accede a un empleo adecuado, frente a 62.3 % de los hombres.

La desigualdad es más marcada en el área rural (39.7 %) que en la urbana (27.6 %), así como entre las personas sin educación (39.5 %). En Cajamarca y Huánuco, la brecha salarial rural supera el 45 %, frente a menos del 25 % en las zonas urbanas de esas regiones. El informe atribuye estas cifras a la elevada informalidad y a la concentración del empleo femenino en actividades de menor productividad.

Otro factor relevante es la maternidad y la carga doméstica. La brecha salarial es de 23.4 % entre quienes no tienen hijos, pero asciende a 34.2 % entre padres y madres. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, en 2024 las mujeres destinaron en promedio 35 horas semanales a labores no remuneradas, más del doble que los hombres (15). Este tiempo se eleva a 45 horas entre los 31 y 40 años, etapa de mayor productividad laboral.

Incluso cuando se comparan hombres y mujeres con condiciones similares de edad, educación, experiencia y ubicación geográfica, la llamada “brecha salarial ajustada” fue de 20.5 % en 2024, dentro del rango de 19 % a 23 % que se mantiene en la última década. Esto sugiere que parte de la desigualdad responde a factores no observables, como prácticas de discriminación.

El IPE plantea que para cerrar estas brechas se requieren políticas integrales: fortalecer los servicios de cuidado infantil como Cuna Más, adaptar programas sociales a ciclos agrícolas en zonas rurales, promover el teletrabajo y horarios flexibles para madres trabajadoras, mejorar la educación de niñas y adolescentes y prevenir el embarazo adolescente. Estas acciones, señala el informe, deben acompañarse de medidas multisectoriales para combatir la violencia de género.

CRECIMIENTO MODERADO

Especialistas consultados coinciden en que, pese a avances en el acceso a la educación y a la participación femenina en sectores formales, el ritmo de cierre de la brecha salarial ha sido muy limitado en las últimas dos décadas. En 2004, la brecha era de 33.7 % y, veinte años después, apenas se redujo en poco más de seis puntos. “Es un progreso demasiado lento para un país que necesita aprovechar todo su talento”, advirtió la economista laboral Roxana Barrantes.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL

En la región, el Perú se ubica en un nivel intermedio de desigualdad salarial de género. Países como Chile y Uruguay muestran brechas ajustadas menores al 15 %, mientras que otros como México y Colombia superan el 20 %. El Banco Mundial ha advertido que la falta de políticas de cuidado y de incentivos a la contratación femenina limita el potencial de crecimiento económico de los países latinoamericanos.

El IPE subraya que la brecha salarial no solo afecta el ingreso individual de las mujeres, sino también la estabilidad de los hogares. Con menor remuneración y menos acceso a cargos de liderazgo, las trabajadoras tienen menos capacidad de ahorro, crédito y seguridad social. Esto repercute en el bienestar de los hijos y en el desarrollo económico regional, especialmente en zonas rurales donde la presencia femenina en actividades productivas es clave.