No pasa un día sin que escuchemos la palabra “violencia” y se nos haga un nudo en el estómago, mientras una mueca de rechazo se dibuja casi automáticamente en el rostro. ¿Qué habrá pasado esta vez?

Estamos saturados de violencia: nos abruman las cifras, que no dejan de crecer, y la poca eficacia de las medidas que se toman para enfrentarla. Precisamente el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la fecha nos invita no solo a analizar qué se está haciendo, sino a preguntarnos cómo avanzar hacia un abordaje verdaderamente integral que permita transformar esta realidad.

Si bien es un problema global que atraviesa culturas, idiomas y sociedades, en Perú la cifra de feminicidios aumentó un 11.4 % en la primera mitad de 2025, con 78 casos de enero a junio. Además, 298 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en 2024, según la Defensoría del Pueblo. Paralelamente, el presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pasó de S/ 436.7 millones en 2017 a S/ 996.2 millones en 2025, según reportes del Congreso.

Entonces, si hay más recursos, más visibilidad social y supuestamente más empoderamiento, ¿por qué no vemos una mejora, sino un agravamiento del problema?

Desde el gobierno se impulsan diversas estrategias de atención y prevención; sin embargo, muchas se quedan en un nivel inicial porque la demanda supera con creces la capacidad operativa. A ello se suma que distintas entidades intervienen cuando las alertas se activan —Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y las Demuna—, pero lo hacen de manera fragmentada. Cada una aplica su propio protocolo, sin continuidad ni articulación real.

Esta falta de coordinación no solo reduce la eficacia de la respuesta, sino que incrementa el riesgo de revictimización y genera una sobrecarga inicial que, pasado el primer momento, suele dejar a la víctima nuevamente sola.

Si bien un abordaje insuficiente desde las instituciones puede no sorprendernos, esta situación no debe llevarnos a la resignación, sino a pensar qué podemos hacer como sociedad frente a la violencia: desde no ejercerla hasta convertirnos en agentes de cambio que acompañen a quienes la viven.

¿Sabemos cómo actuar frente a un caso de violencia? ¿Conocemos los recursos disponibles o cómo aconsejar de manera efectiva si alguien cercano lo necesita?

Una acción sencilla, pero significativa, es considerar las propuestas de prevención y atención a la violencia al elegir a nuestras autoridades. Otra, es manejar información básica para orientar a alguien que enfrenta una situación de riesgo: dónde acudir (comisaría, Fiscalía, Centro de Emergencia Mujer), a qué número llamar (Línea 100) o qué servicios gratuitos solicitar. Estos datos, aunque parezcan mínimos, pueden marcar la diferencia.

Asimismo, es importante contar con herramientas para aconsejar con asertividad. Esto implica escuchar con atención, validar emociones y entender que la violencia no depende solo de decisiones individuales ni únicamente del contexto social, sino de la interacción de múltiples factores. También hay que tener en cuenta que los sentimientos de culpa o vergüenza dificultan que la víctima reconozca su situación y busque apoyo.

En cada uno de nosotros hay un agente de cambio capaz de ayudar a que una familia resuelva mejor la situación que está viviendo. Cuando la sociedad se involucra, incluso con gestos mínimos, la ruta de salida de una víctima deja de ser un camino en soledad.