Por: Carlos Meneses

El país necesita entender que este no es un problema del Ejecutivo, sino un problema de Estado. Solo una acción articulada, con decisión y coherencia, permitirá recuperar el control del territorio, proteger el medio ambiente y garantizar un desarrollo verdaderamente sostenible.

La minería ilegal es hoy uno de los mayores desafíos estructurales del país. No se trata únicamente de una actividad económica fuera de la ley, sino de un fenómeno que corroe las bases del Estado, degrada el ambiente, distorsiona las economías locales y alimenta redes de crimen organizado. Su expansión en regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad o Arequipa es el reflejo de un sistema débil, fragmentado y, sobre todo, de una ausencia prolongada del Estado en los territorios donde debería ejercer soberanía.

El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García Esquerre, ha señalado que la raíz del problema está en el marco legal deficiente que impide una lucha efectiva contra esta actividad. Y tiene razón. Mientras el Estado no actúe de manera coordinada —Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial— cualquier esfuerzo será insuficiente. Las reformas deben apuntar a cerrar los vacíos normativos que facilitan la impunidad y la informalidad prolongada.

La decisión del Congreso de no ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es un paso en la dirección correcta. Este registro, que nació como una herramienta temporal para facilitar la formalización, terminó siendo un refugio para operaciones ilegales. Permitir su ampliación habría significado prolongar la tolerancia frente a quienes no tienen voluntad de cumplir la ley. Reducir el universo de inscritos de más de 80 mil a poco más de 24 mil mineros en proceso real de formalización es una medida necesaria y realista.

Pero las normas, por sí solas, no bastan. El Estado debe permanecer en los territorios intervenidos y no limitarse a operativos esporádicos que, al retirarse, dejan el terreno libre para el retorno de las mafias. En ese sentido, el llamado “Modelo Pataz” —basado en puestos de control multisectoriales y rutas fiscales supervisadas por la Sunat, Sutran y Sucamec— representa un ejemplo de gestión interinstitucional que debe replicarse en otras zonas críticas.

La lucha contra la minería ilegal no puede reducirse a una campaña coyuntural ni a la exhibición de maquinaria incautada. Implica voluntad política sostenida, reforma legal, inversión en presencia estatal y alternativas económicas para las poblaciones dependientes de la minería informal.