Por: Carlos Meneses

Si Jerí logra articular una política de seguridad integral, basada en la prevención, la inteligencia y el respeto a los derechos humanos, su legado podría ser más que una frase de combate. Podría marcar el inicio de un verdadero pacto nacional por la seguridad y la paz.

El presidente José Jerí ha vuelto a apelar a un mensaje de firmeza frente al crimen y la inseguridad ciudadana, al afirmar que su Gobierno “no dará tregua al crimen” y que “no le temblará la mano” para tomar las medidas necesarias en defensa de la paz y la tranquilidad de los peruanos. Sus declaraciones, pronunciadas durante la ceremonia por el 201° aniversario de la Batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú, suenan con fuerza en un país que demanda acciones concretas ante el avance del delito y la violencia en las calles.

El jefe de Estado no se equivocó al hablar de unidad y compromiso nacional, pues la lucha contra la delincuencia requiere del esfuerzo conjunto de las fuerzas del orden, las autoridades regionales y municipales, así como de la ciudadanía. Sin embargo, el desafío no se resuelve con discursos patrióticos o con llamados a la historia. El Perú atraviesa una de las peores crisis de seguridad en décadas, con bandas organizadas que dominan territorios urbanos, sicariatos en aumento y una sensación de desamparo en la población.

Por ello, debe hacerlo con estrategias claras, resultados verificables y una coordinación efectiva entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. La militarización parcial de la seguridad puede ser una medida de emergencia, pero no sustituye el fortalecimiento institucional que el país necesita: una Policía equipada, profesional y libre de corrupción, un sistema judicial eficiente y una política penitenciaria moderna que rompa el vínculo entre cárceles y crimen organizado.

Su compromiso es “devolver al Perú al camino de la grandeza”, una meta legítima que exige estabilidad, trabajo y, sobre todo, coherencia. La promesa de dejar “el camino despejado para el progreso” no puede quedar en el terreno de la retórica cuando la inseguridad frena inversiones, desalienta el turismo y golpea la vida cotidiana de millones de peruanos.

En la recta final de su gestión, el mandatario tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que su discurso no es un eco de campaña, sino una política de Estado con metas medibles. Los peruanos no piden mano dura como símbolo, sino mano firme con resultados: calles seguras, justicia oportuna y un Estado que haga sentir su presencia donde hoy solo manda el miedo.