Osías Ortiz Ibáñez, presidente del CRA.

A pesar del informe emitido por el Consejo Regional de Arequipa (CRA), el Proyecto Especial Majes Siguas – Autodema mantendrá a José Emiliano Sosa Luna, investigado por incumplir el perfil profesional para ocupar el cargo de gerente de Desarrollo Económico. Desde la entidad informaron sobre el retiro de dos subgerentes, pero no precisaron acción alguna respecto del funcionario con más observaciones.

Durante la última sesión ordinaria del CRA se aprobó el informe de fiscalización que observa la contratación de tres funcionarios que no cumplen el perfil requerido para trabajar en Autodema. Ayer la entidad informó sobre la separación de Luis Carlos Pichón Ponce, ex subgerente de Acondicionamiento Territorial, y Johanna Mercedes Machicao Sonco, ex subgerenta de Saneamiento Territorial. Sin embargo, Sosa Luna, jefe inmediato de ambos, continuaría en su cargo con normalidad.

“Nos parece extraño que al funcionario involucrado en el caso más grave no lo cambien. Sosa Luna presentó certificados laborales atribuidos a dos congresistas. Uno nunca respondió a la comisión, mientras que otro negó conocerlo y después corrigió su versión para reconocer el certificado, pero aclarar que debió entregarlo el Congreso. Estos certificados le ayudaron a cubrir los tres años requeridos profesionalmente. Al haberse desvirtuado por ser irregulares, se ve un tema de dolo”, declaró Osías Ortiz Ibáñez, presidente del CRA.

Aunque Sosa Luna posee un certificado de la Municipalidad Distrital de Majes por un año de experiencia como gerente general, inicialmente no lo presentó porque con los certificados del Congreso ya cubría las exigencias de perfil detalladas por Autodema. Ortiz Ibáñez también cuestionó que la entidad no justifique su permanencia, pese a los pedidos de explicación. Ante ese escenario, el CRA remitió el caso al Ministerio Público para que determine responsabilidades.

Adicionalmente, citarán al gerente ejecutivo de Autodema, Duberly Otazú García, para revisar este caso, la muerte de un trabajador en la represa de Aguada Blanca —quien laboraba sin equipos de protección personal, según denunció su familia— y la contratación de un perito por S/ 350 mil en un proceso judicial.