Jerí promulga ley para abrir carretera en corredor con narcopistas y cultivos ilegales
Gobierno inicia acciones para lucha contra el narcotráfico.
El gobierno de José Jerí ha promulgado la ley que habilita la carretera UC-105, una vía impulsada por la bancada de Fuerza Popular para conectar Pucallpa con distintas localidades de Atalaya hasta llegar a Puerto Breu, en la frontera con Brasil. La decisión se produce en un territorio marcado por un fenómeno visible desde el aire: la rápida pérdida del bosque amazónico debido a cultivos ilegales de hoja de coca, trochas informales y pistas clandestinas que articulan un sistema de economías ilícitas en expansión.
Este drástico cambio en la geografía ucayalina y la manera en que la deforestación avanza de la mano del narcotráfico y la minería ilegal en zonas donde el Estado ahora planea construir infraestructura.
La iniciativa legislativa fue presentada por la congresista fujimorista Jenny López Morales, representante de Ucayali y presidenta de la Comisión Agraria. Como ocurrió con otros coautores del proyecto, no ofreció respuestas sobre las razones para promover una vía en un territorio donde confluyen cultivos ilegales, concesiones madereras cuestionadas y el tránsito de mochileros vinculados al tráfico de drogas.
A ello se suma el rol de algunas autoridades locales, como el alcalde provincial de Atalaya, que promueven activamente la integración con Brasil como una oportunidad comercial, pese a que la evidencia disponible indica que estas rutas también favorecen a redes criminales transfronterizas.
La implementación de una vía que conecte a las comunidades indígenas con Brasil podría parecer, en apariencia, un proyecto orientado al desarrollo. En el Congreso, la propuesta fue aprobada por una abrumadora mayoría y exonerada de segunda votación. Sin embargo, los parlamentarios omitieron considerar la opinión de quienes serían los directamente afectados por la nueva carretera: las comunidades indígenas.
Lejos de respaldar la iniciativa, los pueblos indígenas la rechazan. Incluso, comunidades de Perú y Brasil han conformado una Comisión Transfronteriza para visibilizar sus reclamos y advertencias sobre los impactos que traerá la carretera.
