PERÚ COMPETITIVIDAD

El reciente Public Finance Review del Banco Mundial sobre el Perú es un documento serio, bien trabajado y oportuno. Pone el dedo en una llaga evidente: nuestra baja presión tributaria —por debajo del 15% del PBI— limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos básicos y cerrar brechas sociales. Sin embargo, el riesgo está en cómo se interpreta y se usa este mensaje en el debate público: reducirlo a la idea de que “hay que recaudar más como sea” sería una lectura incompleta y potencialmente dañina para el crecimiento de largo plazo. 

Desde la teoría económica básica, la política tributaria no puede analizarse de manera aislada. El sistema fiscal es un todo en el que impuestos, gasto público, regulación y calidad institucional interactúan. Concentrarse solo en elevar tasas o ampliar bases, sin considerar las múltiples distorsiones no tributarias que genera el propio Estado —sobrerregulación, informalidad inducida, inseguridad jurídica, mala provisión de infraestructura y servicios— puede terminar asfixiando el crecimiento potencial. Y sin crecimiento, no hay base tributaria sostenible. La literatura nos deja con vasta evidencia de que las economías con bajo crecimiento terminan atrapadas en círculos viciosos de baja recaudación, alta informalidad y presión fiscal mal distribuida.

El propio reporte del Banco Mundial aporta evidencia contundente en esa línea. Muestra cómo el Perú desperdicia recursos de manera sistemática: casi la mitad de los proyectos de inversión pública iniciados desde 2012 están abandonados; el valor de esos proyectos equivale a más de 17% del PBI. En salud y educación, mayores presupuestos no se han traducido en mejores resultados, en parte por una expansión desordenada del gasto corriente y una gestión deficiente del capital humano. En compras públicas, las ineficiencias podrían costar hasta 1.5% del PBI al año. Frente a este panorama, insistir únicamente en subir impuestos sin corregir estos problemas resulta, como mínimo, inconsistente.

Aquí aparece un punto central que suele quedar fuera del debate: la legitimidad del sistema tributario. Los ciudadanos y las empresas no solo reaccionan a las tasas impositivas, sino también —y cada vez más— a la percepción sobre el uso de los recursos. Pedirle a la economía formal que contribuya más cuando observa un Estado que gasta mal, ejecuta proyectos sin impacto y tolera altos niveles de ineficiencia, erosiona la voluntad de cumplimiento y refuerza la informalidad. No tiene mucho sentido exigir mayores aportes para que se sigan utilizando de manera ineficiente.

Esto no implica desconocer la necesidad de una agenda de ingresos más robusta. El reporte del Banco Mundial plantea reformas razonables: reducir exoneraciones mal diseñadas, simplificar regímenes, mejorar impuestos ambientales y fortalecer la administración tributaria. Todo ello es valioso. Pero el orden importa. Sin una estrategia creíble de mejora del gasto público, de evaluación de resultados y de reducción de desperdicios, cualquier intento de elevar la carga tributaria corre el riesgo de ser procíclico y contractivo.

El mensaje final debería ser más equilibrado: el Perú necesita recaudar mejor, no solo recaudar más. Y necesita, con la misma urgencia, gastar mucho mejor. Solo así el sistema tributario dejará de verse como un mecanismo de “generar caja” y pasará a ser una herramienta de desarrollo, capaz de sostener un crecimiento más robusto, inclusivo y políticamente viable. Ese matiz —que el propio diagnóstico del Banco Mundial permite— es clave para no equivocarnos de camino.